Amnistía Internacional denuncia abusos policiales en manifestaciones de la UE

«Uso excesivo de la fuerza, empleo indebido de armas 'menos letales', obstrucción del acceso a asistencia médica y detención arbitraria». Así define Amnistía Internacional (AI) determinadas actuaciones de la policía en manifestaciones celebradas en España, Grecia y Rumanía. La organización de defensa de los derechos humanos pide que se respeten las normas del Derecho Internacional y propone una guía de buenas prácticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Carga policial contra indignados en Barcelona
Carga policial contra indignados en Barcelona / Foto: Democracia Real Ya

El informe de AI se centra en las manifestaciones contra medidas de austeridad que han tenido lugar en esos tres países, donde se han documentado denuncias de uso excesivo de fuerza y malos tratos, cometidos por policías, a pesar de que la mayoría de los participantes estaban ejerciendo pacíficamente su derecho de reunión. Dice el informe que «en muchos de esos casos, las investigaciones criminales de las denuncias persentadas contra los agentes presuntamente responsables de las violaciones de derechos humanos no han sido exhaustivas, imparciales ni efectivas y, en otros, ni siquiera se ha abierto una investigación».

AI reconoce que el trabajo de la policía en las manifestaciones puede ser complicado y que los funcionarios tienen a veces que recurrir a la fuerza para mantener el orden e impedir que se cometan delitos, pero exige también que se respete el derecho internacional. El informe ilustra la situación con casos que tienen nombres y apellidos.

Yiannis Kafkas, un griego de 32 años, sufrió lesiones casi mortales en la cabeza al ser golpeado por la policía antidisturbios durante la manifestación contra la austeridad celebrada en Atenas en mayo de 2011. «Daba miedo... Cuando te rodean, te golpean, te rocían con sustancias químicas y te arrojan granadas paralizantes: puede ser letal», ha contado Kafkas a Amnistía. La investigación sobre el caso no ha dado resultados.

Ángela Jaramillo, española de 58 años, estaba sola en el centro de Madrid, cuando la golpearon agentes antidisturbios que cargaron contra un grupo de manifestantes junto al Ministerio del Interior. Relata que una chica la ayudó y se enfrentó a la policía para protegerla. «Acto seguido, el grupo de policías se gira, retrocede, viene hacia nosotras y empieza a pegarnos esta vez (con las porras)». Su denuncia no fue admitida por un juzgado de Madrid porque la agente responsable no había podido ser identificada.

Andrei Risache y su padre, Augustin, participaron en una protesta pacífica en la Universidad de Bucarest en enero de 2012. Golpeados por la policía, los trasladaron a la comisaría. Andrei pidió que dejaran a su padre ir a un hospital, porque le costaba respirar, pero les dijeron que primero tenían que llevarlos a la comisaría para entregarles una multa por alteración del orden público. Los informes médicos posteriores certificaron traumatismos craneales y contusiones.

Amnistía Internacional afirma que «los gobiernos europeos deben garantizar que toda persona que se encuentre en su territorio puede disfrutar de su derecho de reunión pacífica y que el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni otros malos tratos se respeta en todo momento», siguiendo el Código de Conducta de la ONU para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La guía de buenas prácticas que propone AI pasa por facilitar las reuniones públicas pacíficas, proteger la celebración de reuniones públicas pacíficas, incluso contra grupos más pequeños o individuos violentos y calmar las situaciones tensas o violentas.