Bolivia debe indemnizar «de forma justa» a las empresas españolas que ha expropiado

Si Bolivia quiere expropiar que lo haga, pero tiene que indemnizar de manera «pronta y adecuada» a las empresas españolas Abertis y Aena por la nacionalización de SABSA, la filial española que gestionaba los aeropuertos bolivianos de Viru Viru en Santa Cruz, Cochabamba y El Alto en La Paz, dice la Unión Europea, que añade que es un asunto entre unas empresas privadas y las autoridades de un país.

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Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz (Bolivia)/ Foto: aeropuertos.net

Aunque reconoce el derecho de Bolivia a nacionalizar, si su política lo cree conveniente y»a cambio del pago de una compensación pronta y adecuada», el portavoz de comercio de la Comisión Europea añade que «Bolivia debería ser consciente de la señal que está enviando. La nacionalización o expropiación frecuente de empresas europeas envía una señal muy negativa a la comunidad económica internacional».

El gobierno de Bolivia anunció este lunes la nacionalización de SABSA, filial de las empresas españolas Abertis y Aena, que gestionan las tres terminales internacionales del país. Es la tercera expropiación que afecta a capital español en menos de un año.

El presidente boliviano dijo que la medida estaba decidida desde hace tres años, aunque «el presidente español (que entonces era José Luis Rodríguez Zapatero) había pedido diálogo (...) hemos perdido tres años negociando para que puedan invertir y no ha habido ninguna inversión» ha dicho Evo Morales. El contrato de servicios de SABSA habría vencido en 2022

En mayo de 2012, Bolivia expropió a la Transportadora de Electricidad (TDF), de Red Eléctrica de España, y en diciembre hizo lo mismo con otras cuatro empresas también vinculadas al sector de la electricidad gestionadas por Iberdrola. Anteriormente otras nacionalizaciones habían afectado a Repsol. Fue en 2006, cuando el gobierno boliviano realizó una masiva nacionalización de las petroleras.

El Gobierno español, por su parte, considera la expropiación como un «acto inamistoso» y ha advertido de que se replanteará «el conjunto de las relaciones bilaterales» con La Paz. Las empresas involucradas niegan las acusaciones de falta de inversión.