El Estado debe indemnizar a las menores por no establecer los mecanismos necesarios para luchar de forma efectiva contra el trabajo forzoso, según la sentencia, que puede ser recurrida.

Las dos muchachas, de 16 y 10 años, no recibieron ninguna remuneración por el trabajo forzoso que realizaban en casa de sus familiares. La sentencia señala que la mayor fue esclavizada bajo la amenaza de que sería devuelta a Burundi si no hacía lo que se les ordenaba.

El documento recoge la diferencia entre la ayuda a realizar las labores del hogar y la esclavitud, ya que en el segundo caso, que padecían ambas, no había perspectivas de cambio y la carga de trabajo de ambas suplía el trabajo de los dos tíos.