Muižnieks ha pedido que «se encuentre una solución para que los controles de fronteras sean compatibles con la legalidad internacional» y ha aconsejado a España que aproveche los fondos de la Unión Europea para mejorar las infraestructuras de los centros de acogida de Ceuta y Melilla y para facilitar las devoluciones voluntarias.

El responsable de Derechos Humanos del CoE ha viajado a España para analizar la repercusión de la reforma de la Ley de Extranjería prevista en la ley de Seguridad Ciudadana del gobierno español, que permitirá, entre otros aspectos, devolver rápidamente a las personas que saltan la valla de Melilla. Ha denunciado que las devoluciones en caliente no se ajustan a la legalidad internacional (de la UE, del Consejo de Europa, ni de la ONU), y ha advertido que «las enmiendas propuestas sobre este tema violan claramente las leyes de derechos humanos». «Las autoridades españolas deberían reconsiderarlo y garantizar que cualquier legislación futura acate plenamente las obligaciones y compromisos internacionales de España, que incluyen garantizar el pleno acceso al procedimiento de asilo eficaz, proporcionando protección contra la devolución y debe abstenerse de expulsiones colectivas».

«La migración es sin duda una cuestión compleja que requiere una respuesta europea concertada, pero esto no exime a los distintos Estados de sus obligaciones. España tiene el derecho de establecer sus propias políticas de inmigración y gestión de fronteras, pero al mismo tiempo debe cumplir con sus obligaciones de derechos humanos», ha insistido el político letón.

Para Nils Muižnieks, si España aprueba la nueva ley, se crearía un precedente «muy negativo», que supondría el «principio del fin del sistema de asilo y protección internacional». Durante la visita a Melilla, el Comisario ha recabado información sobre devoluciones de emigrantes, que en algunos casos estuvieron «acompañados por el uso excesivo de la fuerza», por parte del policía y la Guardia Civil. «Estas devoluciones deben detenerse y deben sustituirse por una práctica que concilie el control de fronteras y los derechos humanos. Esta no es una misión imposible, teniendo en cuenta que los flujos migratorios en Melilla actualmente permanecen en un nivel manejable. Cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser investigados y los responsables de su incumplimiento deben ser sancionados de manera adecuada», ha dicho en Madrid, Nils Muižnieks.

El Comisario Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha comprobado algunas mejoras en Ceuta y Melilla, las dos únicas fronteras de la Unión Europea situadas fuera del continente. Ha destacado como positiva la creación de puestos de solicitud de asilo para facilitar los trámites a las personas que se encuentren en esa situación, aunque cree que debería reforzarse ese servicio. Por contra, ha denunciado la situación de hacinamiento del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrates) de Melilla, donde hay acogidas 2.000 personas, mientras que la capacidad del edificio es de 480 plazas. Por eso ha pedido más infraestructuras e inversiones y más personal, ya que hay una abogada para atender todas las solicitudes. «En un solo día comprobé como se presentaron más de 80 solicitudes», ha dicho Nils Muižnieks.

El máximo representante de Derechos Humanos del CoE se ha presentado ante la prensa con un garfio y unas zapatillas con clavos, «no son armas, sino herramientas para trepar por la malla antitrepa, utilizadas por los migrantes para saltar la valla, ante la imposibilidad de introducir los dedos o los pies. Es una muestra del ingenio de una persona desesperada» y ha recordado que «no importa lo altas que sean las vallas que se instalen, porque las saltarán. Está claro que no por tener una valla más alta se va a solucionar el problema».

Nils Muižnieks ha destacado que «la situación de España es manejable». Según los datos ofrecidos por el Comisario, en 2014 llegaron a Melilla 5.500 personas, de las que 3.000 procedían de Siria, y se tramitaron 5.200 solicitudes de asilo, lo que significa el 1% de las que se tramitaron en Europa. También asegura que el hecho de que los ciudadanos subsaharianos no presente solicitudes de asilo, «se debe a la falta de confianza en el sistema». En este campo ha reconocido que es necesario un acuerdo bilateral UE-Marruecos, para que el país magrebí facilite la llegada de subsaharianos a la zona fronteriza.