El Gobierno no afronta la necesaria reforma energética que favorezca la actividad industrial

UNESID considera que, de mantenerse la redacción actual, las medidas contenidas en el Proyecto de Ley, tendrán efectos demoledores para la competitividad de la industria siderúrgica, al significar un aumento de la factura eléctrica del 15%, además de otros sobrecostes energéticos que se añaden al aumento del 60% desde 2008.

La modificación del impuesto de hidrocarburos con la imposición del céntimo verde tendrá un efecto doblemente negativo para la siderurgia: supondrá un aumento de más del 8,5% del gas para las plantas y un sobrecoste en la energía eléctrica, ya que las centrales de ciclo combinado lo transladarán al precio final. A esto se añadirá el impacto del nuevo impuesto del 6% a la generación para el consumidor industrial, -inerme ante una posición dominante de mercado en materia de contratos bilaterales-, que seguirá sufragando decisiones políticas ajenas al coste efectivo de los accesos a la red y transporte de energía eléctrica.

Este sobrecoste arbitrario, hace que resulten inútiles los dolorosos y duros ajustes que el sector se ha visto obligado a realizar desde hace tres años -intensificados en los últimos meses-, para adaptarse a la casi inexistente demanda nacional, que obliga a intensificar el esfuerzo en una mayor competitividad internacional, con la exportación como única posibilidad para mantener la actividad.

UNESID advierte, además, que el Gobierno había penalizado ya la retribución de la aportación al sistema mediante la interrumpibilidad, en detrimento de las empresas que invirtieron en equipos y tomaron medidas organizativas para esta finalidad. Este cambio se realizó en un contexto de pretendida defensa de la seguridad jurídica, amparando solo a una parte de los operadores y, desde luego, no a los usuarios industriales que representa UNESID.

La industria siderúrgica considera que el Gobierno presenta un Proyecto limitado a medidas fiscales y tributarias que ahondará el ya existente diferencial de precios entre España y los principales competidores europeos.

Pérdida de competitividad y caída de las exportaciones

La industria española ha frenado la caída del PIB a lo largo de la crisis. La siderurgia es un importante actor en esta labor a la que contribuye exportando el 55% de su producción. En 2011 el saldo comercial del acero fue positivo para España en 1.428 millones de euros; se exportaron casi 10 millones de toneladas de productos siderúrgicos por valor de más de 8.325 millones de euros. La siderurgia –que tiene a la energía como uno de sus principales insumos- contribuye decisivamente a equilibrar la balanza comercial española. Los efectos de las nuevas medidas en el precio de la energía generarán una pérdida de competitividad en el sector y sus exportaciones caerán.

La producción siderúrgica es la columna vertebral de la industria: el acero está presente tanto en la maquinaria con la que fabrica sus productos como en los propios productos (automoción, electrodomésticos, construcción...) o en sus envases (alimentación, bebidas...), siendo el acero la base de un sinfín de pymes que generan, a su vez, más riqueza y empleo.

UNESID considera que el Proyecto de Ley supondrá más desempleo, menor consumo eléctrico y una espiral alcista en los costes regulados, mientras que algunos operadores mantendrán e incluso incrementarán sus beneficios a pesar de la reducción de su facturación en volumen. La siderurgia española reclama al Gobierno un marco regulatorio estable que favorezca la inversión y el mantenimiento de la actividad industrial, como uno de los pilares que van a ayudar a este país a solventar la crisis.

La siderurgia española vuelve a manifestar públicamente su disposición a mantener un diálogo con el Gobierno con objeto de alcanzar una reforma energética equitativa que permita una mejora de la competitividad para la industria y el imprescindible relanzamiento de la actividad económica.