El auto asegura que existen «serios indicios de responsabilidad criminal contra los procesados» y que se trata de «una grave violación del derechos internacional humanitario: un ataque indiscriminado a población civil, en concurso con homicidio».
Así, ante la imposibilidad de hacer comparecer a los procesados, Pedraz solicita que la agencia europea Genocide Network, cuya principal función es fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales en la investigación y el enjuiciamiento de delitos de guerra, en cooperación con el Consejo de la UE, la Comisión Europea, y otras instituciones. «En aras de agotar todas las vías para evitar la impunidad» de los procesados, pide la ayuda de la agencia para que comparezcan en juicio.
A instancias del Estatuto de Roma que contempla la cooperación internacional para luchar contra la impunidad, Pedraz remite el caso a Genocide Network, en el seno de la unidad europea de cooperación judicial.
El juez lamenta que, pese al convenio bilateral de asistencia judicial que existe entre España y Estados Unidos, ese país no haya colaborado con la Audiencia Nacional, ni en la investigación, ni la extradición de los militares. Los soldados son sospechosos de atacar el Hotel Palestina en el que se encontraba la prensa internacional que cubría el conflicto y que acabó con la vida de Couso y de un periodista de Reuters.
Unos delitos, que el auto asegura, de acuerdo a la IV Convención de Ginebra, se podrían perseguir y durante años pero que «ni siquiera se han podido insertar las órdenes internacionales de busca y captura en Interpol porque ésta se ha negado al considerar, a instancia de Estados Unidos, el delito como un asunto militar. También deplora que Estados Unidos no haya iniciado procedimiento judicial alguno, sino tan solo «un expediente de carácter militar».
