Por su parte, Reino Unido ejerce de enlace envenenado para que todo termine en una menor aportación británica a los fondos europeos. España ve peligrar las ayudas a los parados del metal vasco y los fondos regionales de Andalucía, Galicia, Castilla La Mancha o Extremadura. Aunque el Gobierno español ha sido el Estado que más ha recortado su aportación al programa Erasmus, lo que le invalida para exigir al resto de Estados Miembros un europeísmo que no ha practicado.

A falta de impuestos propios, el debate presupuestario europeo se centra en quién será contribuyente neto o quién recibirá más fondos regionales, estructurales, agrícolas o financiación para fomentar la I+D. Un baile de cifras e intereses que condena a la parálisis a las instituciones europeas, justo cuando más competencias está asumiendo y más necesaria es la unidad para sortear los efectos de la crisis.

Países tan europeístas como Dinamarca y Suecia, junto al antieuropeismo de Reino Unido, amenazan con vetar los presupuestos que se debatirán el 22 y 23 de noviembre en Bruselas. Como medida de austeridad y en pro de llegar a un acuerdo, la Comisión Europea ha congelado el gasto administrativo, que equivale al 5,6 por ciento de los 8.200 millones de euros que necesita la UE para cumplir sus compromisos.

Está claro que este circo presupuestario tiene que encontrar una salida que dote de autonomía real a la UE y no la haga presa de los intereses estatales, más preocupados por «qué hay de lo mío» que por permitir que la Unión se dote de impuestos propios que le permitan financiar sus políticas y diseñar un presupuesto pensando en los 500 millones de europeos y no en el egoísmo y coyuntura electoral de los líderes de los Estados Miembros.

A este respecto, en abril de 2012, tres eurodiputados presentaron un informe que proponía un IVA europeo del 1 por ciento a lo que se sumaría una tasa sobre las emisiones de carbono y una tasa europea sobre transacciones financieras. La idea es contar con fondos propios para financiar las competencias que gestiona la Unión y evitar tener que pedir cada cierto tiempo con el consiguiente riesgo de ruptura entre contribuyentes netos y receptores de solidaridad.

Con un presupuesto del 1 por ciento del PIB no parece posible que la Unión pueda ser el remedio de todos los males que afectan a la economía europea. Sin autonomía presupuestaria, es difícil seguir construyendo Europa.