España, a favor y en contra del oro negro

La decisión del Gobierno español de permitir a la multinacional Repsol YPF buscar petróleo frente a la costa Canarias ha puesto en pie de guerra al archipiélago y a los ecologistas. El europarlamentario del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, pregunta si el expediente cumple con las exigencias del reglamento de la Comisión Europea y el ministro de industria dice que es una oportunidad para rebajar la factura energética española.

Plataforma petrolera de Repsol en Brasil
Plataforma petrolera de Repsol/Foto:Repsol

En el archipiélago canario, uno de los territorios de ultramar de la Unión Europea, no ha gustado la decisión, que ellos juzgan unilateral, del gobierno de permitir a la petrolera iniciar prospecciones en el fondo marino, a unos 60 kilómetros de la costa de Lanzarote y Fuerteventura. El presidente del partido Nueva Canarias, el nacionalista Román Rodríguez, habla de «provocación» y de la evidencia de que el gobierno «está más interesado en defender los intereses de Repsol que el de los canarios».

Por su parte el presidente del ejecutivo canario, Paulino Rivero ha rechazado las perforaciones por su posible impacto medioambiental y en el sector del turismo, principal industria de las islas y ha dicho que emprenderán acciones legales contra la autorización de las prospecciones. El europarlamentario del PSOE Juan Francisco López Aguilar, pondrá en marcha una iniciativa para averiguar si se ha informado a la Comisión Europea y si el expediente cumple las exigencias del reglamento de la UE en materia energética.

Mientras Repsol YPF, destaca que si se confirman los indicios se estaría ante «el mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España». No es la primera vez que la petrolera lo intenta en este lugar. En el año 2001 recibió un permiso del gobierno presidido por José María Aznar, para realizar prospecciones. El gobierno canario puso una denuncia y la autorización fue revocada por el Tribunal Supremo en 2004 ya que la autorización no incluía la mención a las labores de protección medioambiental requeridas.

Ahora la Comisión Europea en el reglamento renovado este año exige una evaluación de impacto en el medio ambiente, otra de suficiencia financiera de la compañía que recibe la concesión para asegurar la respuesta ante un posible vertido y un plan de emergencia transfronterizo, teniendo en cuenta que las prospecciones se harían en aguas limítrofes con la cornisa norteafricana.

Mario Rodríguez director ejecutivo de la organización ecologista Greenpeace, considera que el ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, «se empeña en crear las condiciones que puedan dar lugar a un accidente como el del Golfo de México».

WWF España, explica que los trabajos que hará la petrolera perforando pozos exploratorios en el subsuelo marino hasta profundidades de 3 500 metros, tendrán impactos negativos en el medio marino y sobre especies como los cetáceos, muy sensibles al ruido y a la contaminación, que van a la zona para alimentarse y reproducirse.

Repsol-YPF, dice que elaborará un exhaustivo estudio ambiental, tras el que en 2014 comenzarán los primeros sondeos exploratorios. En 2016 tomará una decisión de inversión que llevará finalmente, y si todo es satisfactorio para la multinacional, a las primeras extracciones de petróleo hacia 2019 o 2020, que en el mejor de los casos y en el punto de mayor rendimiento podrían cubrir el 10 por ciento del consumo español. Algo nada desdeñable teniendo en cuenta que España depende en un 85 por ciento de las importaciones de crudo del extranjero.

En la actualidad se realizan investigaciones, algunas con sondeos incluidos, en Reus, frente al Delta del Ebro, el Pirineo Catalán, Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla-León y Castilla la Mancha.

El petróleo, nacional o importado, sale muy caro. El propio ministro de Industria ha dicho que cada aumento de 10 dólares en el barril de petróleo cuesta a la economía española 6 000 millones de euros y eso es superior a las primas que reciben las energías limpias, según la Fundación Renovables, que incide en que España tiene una dependencia energética del 85 por ciento, frente a la media europea que no alcanza el 60 por ciento.

En paralelo a esa fiebre del oro negro el ministro de industria ha parado las primas de las energías renovables. En este momento en el que Europa está comprometida en evitar emisiones de CO2 a la atmósfera y en impulsar cambios en el comportamiento de los consumidores y el uso de tecnologías energéticamente eficientes. Según la Comisión Europea en el año 2010 se crearon más de 900 000 empleos en el mercado de las energías renovables.