Europa elige a 165 parlamentarios anti-lobby

Más de un millar de candidatos al Parlamento Europeo dieron su compromiso y apoyo para luchar «contra la influencia de los excesivos grupos de presión de bancos y grandes compañías». 165 de los firmantes han sido elegidos y reman ya a favor de una Eurocámara que opere guiada únicamente por el interés público, una ética consistente y reglas transparentes.

Una mujer se lava las manos bajo el grifo
Las organizaciones civiles piden a la UE más transparencia, y una ética más firme/ Foto: PE

La campaña 'Politics for People' (Políticas para las Personas) se ha convertido así, aseguran los organizadores, en una de las más exitosas de la ALTER-EU (Alianza por la Transparencia del Lobby y Regulación de la Ética), que trabaja codo con codo con una amplia coalición de organizaciones civiles y sindicatos de toda Europa, como Access Info (España), Lobbycontrol (Alemania), Diritto di Sapere (Italia) y Citizen Network Watchdog (Plonia).

«El sólido compromiso de nuestra campaña muestra que hay una preocupación creciente sobre el impacto de los grupos de presión corporativos en Bruselas. Se ha creado una oportunidad única para un progreso fuerte hacia la transparencia y hacia reglas éticas en las políticas europeas», explica desde el comité directivo de ALTER-EU Olivier Hoedeman.

Esta coalición promete a través de un comunicado que «en las próximas semanas» ya se van a empezar a ver los primeros resultados del apoyo cosechado por su campaña. Al respecto se ha pronunciado Pam Barlett, la representante de la organización de derechos humanos Access Info, dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información: «La primera acción que pueden realizar los eurodiputados elegidos para mostrar su compromiso es influir en la elección de posiciones clave en el Parlamento. No menos importante es presionar para que el próximo presidente de la Comisión Europea sea más ambicioso de lo que ha sido Barroso en este sentido».

Precisamente un estudio reciente de ALTER-EU confirmó que el actual mandato del portugués José Manuel Durão Barroso al frente de la Comisión «ha fracasado a la hora de lograr avances significativos en áreas clave como la transparencia lobista, las puertas giratorias, los grupos consultivos y el acceso a los documentos». En concreto, el informe publicado a finales de abril señala que tanto la labor de Barroso como la del comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, Maros Sefcovic, ha sido «pasiva y reactiva, más preocupada por defender el status quo que por tomar efectivamente la iniciativa para asegurar el derecho a saber de la ciudadanía».

Transición hacia la transparencia

Fue en 2011 cuando la Comisión y el Parlamento se pusieron de acuerdo para tejer una transición hacia la transparencia en la toma de decisiones de Bruselas. Desarrollaron para ello un registro voluntario al que las empresas, grupos de presión y lobistas podían adherirse. Dos años después, aquel esfuerzo se demostraba insuficiente: más de diez mil personas habían firmado contra el 'cabildeo' en la UE pero el movimiento apenas había calado entre las compañías, las corporaciones y los lobbies.

Según ALTER-EU, «miles de grupos de presión boicotean las normas de transparencia». Su informe 'Rescatar el registro. ¿Cómo hacer del lobby de la UE un registro fiable?' se atrevía a poner nombres propios: ABN AMBRO Bank, Adidas, Delhaize, Janssen Pharmaceutica NV, Rio Tinto, Time Warner, Goldman Sachs... «y muchas de las empresas y organizaciones con las que trabajan no proporcionan información precisa ni actualizada de sus actividades».

El apoyo civil parece dar la razón a estas iniciativas y campañas. Según el sondeo de opinión de la Unión Europea titulado '¿Qué quieren los ciudadanos de Bruselas?', ocho de cada diez personas quiere que sea pública toda la documentación acerca de las actividades del Banco Central Europeo (el 84 por ciento), le gustaría ver informes detallados y completos acerca de cómo reparte la UE el dinero entre sus Estados miembros (el 86 por ciento) y apoya una regulación obligatoria del lobbismo (80 por ciento) en aras de garantizar una participación equilibrada de los diferentes intereses en la toma de decisiones.