Desconectan la central nuclear de Garoña

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se desconecta este domingo de la red eléctrica. Puede ser el paso definitivo hacia su cierre. Los responsables de su explotación, Nuclenor, lo han decidido tras analizar el impacto que tendría la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética que entrará en vigor dentro de unas semanas.

Central Nuclear de Garoña
Central Nuclear de Garoña / Foto: Nuclenor

La empresa que la gestiona calcula que no puede hacer frente a los 150 millones de euros en impuestos adicionales que supone la nueva ley y este gasto económico pone en riesgo su viabilidad. Garoña tiene autorización para operar hasta julio del año que viene. Pero todo parece indicar que puede cerrar definitivamente, ya que el Consejo de Administración de Nuclenor (formado por Iberdrola y Endesa), ha expresado su reconocimiento a la plantilla por «su profesionalidad en el desempeño diario de sus labores». Tampoco en septiembre renovó la prórroga para alargar la vida del complejo energético.

A mediados de septiembre el gobierno aprobó la reforma energética que prevé una serie de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema eléctrico y que grava con un 6 por ciento todo tipo de generación de energía eléctrica. La ley introduce nuevos impuestos sobre la nuclear, la hidráulica y el céntimo verde sobre las centrales térmicas que usan gas, carbón, fueloil y gasóleo. Entre los impuestos que se modifican están la generación de residuos radiactivos, el almacenamiento de los mismos, y la venta de energía eléctrica.

El gobierno prevé recaudar unos 2.700 millones de euros. En el caso de la energía nuclear serían 270 millones entre los años 2013 y 2015. Una de las primeras decisiones del Partido Popular, cuando llegó al gobierno, hace ahora un año, fue prorrogar la vida de Garoña hasta 2019. La central cumpliría 42 años en 2013

A partir de esta noche está previsto que se traslade el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento. El presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, ha publicado hoy un artículo en el que pide al gobierno que reconsidere el canón que va a imponer y exige «que tanto la empresa como los responsables públicos, además de las consideraciones económicas, financieras y energéticas, tengan en cuenta los casi mil puestos de trabajo que se perderán con el cierre de la planta». Para los ecologistas, el desmantelamiento de la central puede también ofrecerá nuevas oportunidades de trabajo a un número similar de trabajadores.