Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Polonia, Eslovenia, Finlandia y Reino Unido deben devolver fondos.

Los que más deben son Reino Unido, 59,93 millones de euros por deficiencias en el Sistema de Identificación de Parcelas/Sistema de Información Geográfica (SIP/SIG), en los controles sobre el terreno y en los pagos y sanciones en Escocia.

Polonia 39,2 millones por deficiencias en el SIP-SIG, en los controles administrativos cruzados, en los pagos, en la aplicación de sanciones y en la recuperación retroactiva, así como por el retraso de los controles sobre el terreno

Dinamarca 11,5 millones de euros por deficiencias en el SIP y en los controles sobre el terreno.

España debe devolver un total de 6,76 millones de euros de los que ya ha pagado 100.000 euros. Otros países han devuelto también algunas cantidades, por lo que la cantidad que resta a pagar es de unos 169 millones de euros que irán al presupuesto de la UE.

Los Estados miembros son los responsables de la gestión de la mayor parte de los pagos de la PAC, por medio principalmente de sus organismos pagadores. También les corresponde realizar los controles; por ejemplo, deben comprobar las declaraciones de los agricultores en relación con los pagos directos.

La Comisión realiza más de cien auditorías aleatorias al año a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes, y está facultada para recuperar los atrasos si las auditorías demuestran que la gestión y el control de los Estados miembros son insuficientes para garantizar que los fondos de la UE se han gastado de forma adecuada.