Las compañías petrolíferas deberán pagar por los derrames

Las compañías que buscan o explotan yacimientos petrolíferos en los mares europeos deberán demostrar que tienen dinero suficiente para asumir el coste de cualquier posible daño ambiental, si no es así no tendrán licencia para hacer prospecciones en aguas europeas.

Un pato muerto embadurnado de petróleo
Víctima de la mayor catástrofe marina en Nueva Zelanda/ Foto: © BELGA_AFP_B.Ambrose

La Comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado por 55 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley de seguridad en las prospecciones de gas y petróleo en el mar.

Los europarlamentarios aplican el principio de «quien contamina paga» y exigen a las compañías garantías suficientes para cubrir los gastos relacionados con una posible contaminación y las indemnizaciones derivadas de un accidente grave.

La nueva legislación establece las normas mínimas europeas para la seguridad de la extracción de petróleo y gas en el mar, las licencias, los planes de emergencia y el desmantelamiento de las plataformas de forma que las empresas se esfuercen por reducir al mínimo los riesgos de accidentes.

Las disposiciones sobre responsabilidad se han endurecido al máximo. Las autoridades de los Estados miembros solo podrán conceder las licencias para la exploración o explotación cuando las petroleras tengan «garantía financiera suficiente», que les permita pagar la limpieza o una indemnización total cuando sus actividades ocasionen daños en especial al medio ambiente

Además del dinero, las autoridades nacionales deberán tener en cuenta, antes de conceder una licencia, si las empresas han tenido que ver en algún incidente previo.

La Agencia Europea de Seguridad Marítima debe tener capacidad para supervisar e inspeccionar las instalaciones, y poder proporcionar asesoramiento científico y técnico a los Estados miembros, o para ayudar en el caso de un derrame de petróleo.

Después de que la Comisión de medio ambiente ha dado su parecer , el próximo 8 de octubre deberá pronunciarse la otra Comisión implicada en este asunto, la de industria y energia.