Con la información que está disponible públicamente, los investigadores han calificado a cada corporación en base a tres preocupaciones: medidas anticorrupción, transparencia en las operaciones mundiales y las subsidiarias, y revelación de las finanzas país por país y a nivel de proyectos.

Las actividades anticorrupción tienen un grado relativamente alto y va en aumento, pero en los otros dos parámetros la situación es mucho más débil. De hecho, la media de los informes país por país, considerados como el eje de la transparencia, es de aproximadamente un seis por ciento, y 50 empresas han tenido un cero.

Al presentar el estudio el miércoles 5, el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, ha observado que el poder de las empresas multinacionales en la economía global actual rivaliza incluso con el de los países más grandes. «Un mayor poderío económico conlleva una mayor responsabilidad», dijo. «La mala conducta corporativa crea la corrupción que causa pobreza e inestabilidad».

En general, las compañías británicas son las que cumplen mejor en el nuevo índice, las chinas y asiáticas en general las que registran el peor, y el sector tecnológico de Estados Unidos recibe especiales críticas por su falta de transparencia.

Transparencia Internacional viene realizando informes sobre gobernanza corporativa desde 2008 y publicó el último de esos estudios en 2012.

Los pobres resultados de los informes país por país, en particular, son preocupantes para los activistas contra la pobreza y los proponentes de gastos en el sector público. Este tipo de revelaciones, por ejemplo, permitirá a los gobiernos comparar de modo eficiente información más allá de fronteras con el objetivo de reducir la evasión fiscal, así como el robo directo de las ganancias.

Es posible que los países en desarrollo hayan perdido unos seis billones (millones de millones) de dólares entre 2001 y 2011 por la evasión fiscal y otros manejos financieros turbios, según la organización Integridad Financiera Mundial.

«La movilización de recursos internos se considera clave para desbloquear el desarrollo económico», dijo Koen Roovers, asesor de la Unión Europea para la Coalición de Transparencia Financiera, una red mundial que ha financiado el informe de Transparencia Internacional.

El hecho de que se haga pública la información país por país «permitirá a los ciudadanos de naciones en desarrollo determinar si los impuestos que pagan las compañías transnacionales que comercian en sus países están en línea con sus actividades. La evidente ausencia de esta información genera motivos de sospecha», añadió Roovers.

Industria reticente

Con el objetivo de garantizar que los réditos relacionados con los recursos naturales estén salvaguardados en los países en desarrollo, las industrias extractivas del mundo han estado especialmente en la mira en materia de requisitos de revelación de datos.

En los últimos años, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Canadá han aprobado medidas de ese tipo proyecto por proyecto, que obligan a informar sobre todos los pagos que hagan las empresas mineras a gobiernos extranjeros.

Y aunque actualmente la legislación estadounidense está retenida en los tribunales debido a una demanda presentada por la industria petrolera, los requisitos de la UE entrarán en vigor a mediados del año próximo. Las nuevas normas de Canadá podrían ponerse en marcha antes.

Pero Transparencia Internacional advierte que las compañías extractivas no están listas para cumplir con estas nuevas reglas. «Aunque los informes de datos país por país se introdujeron por primera vez en el sector extractivo, solo están incluidas en el estudio un 10 por ciento de las 19 empresas petroleras y gasíferas», según la investigación, y seis han tenido un cero.

No todas estas empresas han salido mal paradas en los informes país por país. Por ejemplo la petrolera noruega Statoil obtuvo el registro más alto de entre las 124 empresas analizadas en este parámetro: 66 por ciento.

Entre otros actores fuertes figuran las firmas indias Oil & Natural Gas Corporation y Reliance, así como la australiana BHP Billiton, a la que algunos cálculos sitúan como la mayor empresa minera del mundo.

La resistencia de la industria a regulaciones como las que se prevé entrarán en vigor en Estados Unidos, la UE y Canadá «es bastante fuerte, así que no sorprende que las empresas no estén revelando voluntariamente esta información y, en cambio, esperen hasta que las obliguen a hacerlo», nos dice Alexandra Gillies, encargada de gobernanza en el Natural Resources Governance Institute.

«Aunque hay unas cuantas empresas más pequeñas que han dado este paso, los grandes actores sin duda no lo han hecho. No obstante, será interesante ver cómo lucen los mismos datos dentro de otros dos años», agrega.

De hecho, se estima que, de aprobarse, solo los requisitos de revelar esa información en Estados Unidos y la UE cubrirán el 65 por ciento del sector extractivo mundial en términos de valor, según la organización internacional Publiquen Lo Que Pagan.

Y las nuevas normas canadienses, presentadas formalmente a finales de octubre con miras a implementarse en abril, también afectarán a la mayor industria minera nacional del mundo.

Además, se prevé que en una cumbre que tendrá lugar entre el 15 y el 16 de este mes el Grupo de los 20 (G-20) países industrializados se apruebe un nuevo estándar de informes país por país que cubra a todas las empresas multinacionales.

Roovers, de la Coalición de Transparencia Financiera, dijo que las nuevas conclusiones de Transparencia Internacional redoblarán la apuesta para los debates del G-20. De todos modos, observa que, tal como se presenta, es probable que los informes de ese bloque no se hagan públicos debido a preocupaciones en torno a «sensibilidades» comerciales.

Contratos en la mira

Para muchos activistas, de no lograrse la revelación pública de los datos tributarios se echará por tierra un importante fin de los requisitos más estrictos de transparencia: empoderar a los ciudadanos y a la sociedad civil para que participen en la vigilancia en el ámbito local.

«La innovación real en torno a los datos a nivel de proyecto es que los ciudadanos, o periodistas o parlamentarios, podrán entender los acuerdos que haya hecho su gobierno. En este momento lo que tenemos son cifras sin desglosar», dice Gillies.

«Si alguien está interesado por, digamos, una mina enorme en su comunidad, esos datos pueden ayudarle a comprender cuánto dinero está recaudando el gobierno por ese proyecto, y si las molestias que (la población) está sufriendo merecen la pena o no», explica.

No obstante, ahora que hay requisitos para los informes país por país en el horizonte, Gillies y otros vuelven su atención hacia la transparencia en materia de contratos. En efecto, países como Liberia, Guinea, República Democrática del Congo y otros, así como algunas empresas, ya están poniendo a disponibilidad del público toda la información sobre contratos relativos a la extracción de recursos naturales.

«Si usted tiene buenos datos sobre ganancias o pagos, de todos modos es difícil entender qué quieran decir esas cifras a menos que usted sepa qué acuerdos se firmaron», dice Gillies.

«Pero la revelación de contratos ya goza de una aceptación más amplia, y unos pocos países y empresas están tomando la iniciativa. Todavía no se ha vuelto una práctica estándar y lo que se está haciendo es poco sistemático, pero es suficiente para mostrar que esta actividad no es comercialmente peligrosa», agrega.

Los activistas esperan que dentro de pocos años la revelación tanto de los pagos como de los acuerdos firmados con gobiernos extranjeros sea una práctica habitual.