La magistrada recuerda que la directiva europea, actualmente en trámite, «indica la necesidad de promover la mediación en los conflictos que surjan con motivo de contratos de crédito para la adquisición de viviendas residenciales». Las dos partes deberán acudir a finales de mes al Centro de mediación de Derecho Privado de Catalunya. En la providencia se señalan varias soluciones que deben negociar las partes como la entrega de la vivienda en dación en pago, la reducción del crédito, la aprobación de una moratoria o el alquiler social. También exhorta «a la responsabilidad, especialmente a Bankia», porque concedió una hipoteca a un joven discapacidtado, superando «los límites de la prudencia crediticia».

La entidad financiera, que ha recibido ayudas millonarias de Europa, deberá acudir a la mediación con el inquilino moroso, que recibe una pensión de invalidez de 400 euros como único ingreso, según la providencia dictada por el juzgado. Con eso se intenta solucionar por la vía del acuerdo el problema desatado con el procedimiento de ejecución. El inquilino contrató una hipoteca de 60.000 euros y lleva tres cuotas impagadas de 600 euros.

Bankia inició el proceso tras los tres meses de impagos y aplicó al préstamo los intereses de demora, que ascendieron a unos 1.000 euros mensuales. El inquilino alega que debido a sus pocos ingresos no puede hacer frente al pago. La jueza ha destacado el poco margen de maniobra que tiene la justicia ante estos casos, especialmente en estos momentos en que la realidad social «ha supuesto un cambio radical en el valor de los inmuebles y los cambios legislativos anunciados que permiten buscar soluciones de cierto equilibrio entre las partes», según explica Efe.

Este caso coincide en el tiempo con el suicidio de un hombre de 50 años en Bilbao, cuando iba a ser desahuciado de su vivienda por impago en el alquiler. La portavoz de Stop Desahucios ha explicado que la comitiva judicial ha tenido que forzar la puerta de la vivienda, porque nadie les abría la puerta. En el interior han encontrado una silla junto a la ventana, desde la que supuestamente se ha lanzado el afectado. En noviembre una mujer, Amaia Egaña, se suicidó de forma similar cuando iba a ser desahuciada. Hace unos días otro hombre de 55 años se ahorcó en Alicante poco antes de que llegaran los funcionarios judiciales. La misma decisión tomó un matrimonio de 68 años en Mallorca, después de recibir el aviso de desahucio. Ante el aumento de este tipo de acciones desesperadas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) insta a todas las personas amenazadas de desahucio a dirigirse a su organización para defenderse del «acoso» de los bancos, porque en muchas ocasiones es posible parar o retrasar los procesos judiciales.

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