Argentina ha iniciado el mayor juicio realizado hasta ahora en relación a la sangrienta represión de la dictadura. En el banquillo se sientan 68 acusados por delitos contra los derechos humanos perpetrados en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros. En el marco de esta causa, por primera vez serán juzgados seis pilotos militares que tripularon los llamados «vuelos de la muerte» en los que los detenidos ilegales eran drogados y después arrojados vivos a las aguas del Río de la Plata o del océano Atlántico para que no pudieran hallarse sus cuerpos.

Los 68 imputados deberán responder por casi 800 casos de víctimas secuestradas, torturadas y en la mayoría de los casos desaparecidas tras ser retenidas en la ESMA, el mayor campo de concentración de la dictadura (1976-1983), ubicado en una zona residencial de Buenos Aires. La mayor parte de los imputados pertenecían a la armada (56) y a la prefectura (cinco), pero también hay quienes integraban las filas del ejército, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Nacional, A ellos se agregan el abogado Gonzalo Torres de Tolosa y el economista Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda de la dictadura.

Aun hay cinco acusados que permanecen prófugos en esta causa. El Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia ofrece 100.000 pesos (unos 20.000 dólares) de recompensa a quien pueda dar datos de su paradero. Este proceso es el más vasto de los realizados desde que se reabrieron las causas en la pasada década, gracias a la declaración de inconstitucionalidad del indulto dictado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) y de las llamadas leyes de «punto final» y «obediencia debida» que desde mediados de los años 80 alejaron de los tribunales a los responsables de los crímenes dictatoriales.

En la apertura del juicio, mientras imputados, abogados de querellantes y de acusados, familiares de las víctimas y supervivientes se acomodaban en la sala de audiencias, se habilitó otro escenario para seguir las acciones del tribunal. Se trata del auditorio Mabel Gutiérrez en la ahora exESMA, donde se agolpó un numeroso público para seguir por pantalla gigante las alternativas del juicio.

El emblemático y amplísimo edificio de las cuatro columnas, que había sido cedido en 1924 por el municipio de Buenos Aires a la marina de guerra, fue sacado de esa jurisdicción en 2004 por el entonces gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003- 2007) para crear el Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. «Este será el juicio más grande por la cantidad de víctimas, de acusados y por el número de testigos», vaticina la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental especializada en la defensa jurídica de los derechos humanos que es parte de la querella.

Varsky, directora de Litigio del CELS, explica que la causa se fue elevando a juicio en partes y se fue desmembrando, lo que comportó que se perdiera la magnitud real del genocidio perpetrado en ese centro clandestino. En 2007 se había avanzado en un controvertido proceso contra un solo acusado de la ESMA, el prefecto Héctor Febres, quien se suicidó en prisión en vísperas del veredicto.

En otro momento del proceso, en 2011, fueron condenados 16 de los 18 acusados por su actuación en la ESMA. Por eso este juicio es conocido como el tercer tramo o la causa «ESMA unificada», como se lo calificó en la apertura.

Entre los acusados de este nuevo proceso están los excapitanes Alfredo Astiz y Jorge Acosta, ambos ya condenados por otros delitos cometidos en la misma ESMA. El segundo, además, fue sentenciado este año por apropiación de menores. «Nosotros nos oponíamos a los planteamientos que dividieron la causa porque creíamos que lo mejor para los testigos era no declarar tantas veces, y porque también los imputados tenían derecho a ser condenados cuanto antes», explica el abogado Rodolfo Yanzón, representante junto a otros colegas de unas 40 víctimas.

Frente a estas reclamaciones y a las recomendaciones de la Cámara de Casación Federal de agilizar estos procesos, el Tribunal Oral Federal Nº 5 aceptó pasar en las audiencias la filmación de testimonios brindados en otros procesos contra los mismos imputados. Uno de los supervivientes que más veces ha declarado es Mario Villani, un físico que hoy tiene 73 años y vive en Miami, quien fue secuestrado en 1977 y estuvo en cinco centros de detención durante tres años y ocho meses. El último fue la ESMA. Villani, torturado y forzado a trabajar en distintas tareas durante su detención, ya había declarado primero ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, formada poco después de recuperarse la democracia, y luego en los juicios de los años 80 a los jefes y represores de la dictadura, interrumpidos por el indulto y las leyes de amnistía.

Desde entonces y, por momentos con cierto desánimo, siguió declarando en procesos de instrucción tanto en Argentina como en otros juicios celebrados en Francia, Italia, España, Alemania e Israel.

En un mensaje de correo electrónico Villani explica que sentía el inicio de este mega juicio «como la concreción de un paso más en la dirección de la justicia». Este superviviente explica que se siente «orgulloso» de poder contribuir al avance de estas causas. Sin embargo, advierte que «la lucha continuará mientras en el mundo subsistan regímenes que necesiten de la tortura para imponerse». El testimonio de Villani, como los de otros supervivientes, ha ayudado a mantener viva la demanda de justicia durante más de tres décadas, llevar a los acusados ante los tribunales e identificar a algunos de los que estaban viviendo en la clandestinidad.

En el libro «Desaparecido: Memorias de un cautiverio», escrito junto a Fernando Reati, cuenta que todavía tiene pesadillas de los tiempos de su secuestro. «Si alguien me despierta, alzo los brazos y me cubro la cara en actitud defensiva», dice. Es que Villani, como otros detenidos, no sólo sufrió en carne propia los golpes y torturas durante su detención ilegal, sino que fue testigo de crímenes horrendos como el que se cometió contra un maestro judío y militante del Partido Comunista del que nunca supo el nombre. En el juicio contra el policía Héctor Simón, alias «Turco Julián» relató «le obligó a desnudarse, lo ató sobre la mesa con la parte inferior colgando. Le introdujo un palo en el ano y le aplicaba electricidad con un cable pelado». Simón, condenado en diversas causas, era conocido por su feroz antisemitismo. «Judío de mierda, se me murió. Menos mal, si no lo iba a tener que soltar», recuerda Villani que le dijo cuando su víctima pereció con los intestinos destrozados.

En los siete años de dictadura en Argentina desapareceron 14.000 personas, según los registros comprobados hasta ahora por la Secretaría de Derechos Humanos, mientras que las organizaciones humanitarias estiman que el número real rondaría los 30.000. El actual proceso sobre los crímenes cometidos en la ESMA se prolongará al menos por dos años, con audiencias que se celebrarán tres veces a la semana y una jornada cada siete días dedicada a pasar los DVDs con los testimonios de los supervivientes y familiares de las víctimas.