Suicidios abren un debate sobre los desahucios en España

Jueces y fiscales han denunciado esta semana los "movimientos especulativos" de bancos y cajas en las ejecuciones hipotecarias, ya que han detectado que están retrasando intencionadamente las subastas de pisos que preceden al desahucio, esperando que las viviendas aumenten su valor y no engrosen su pasivo en los balances.

Grupo de personas manifestándose contra las hipotecas en Barcelona
Manifestación contra hipotecas / Foto: twitter PAH-BCN

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales de España, han advertido de que relegarán los asuntos iniciados por los bancos, entre ellos los desahucios, si no se les facilitan los medios adecuados para afrontarlos. Denuncian que están "colapsando" los juzgados y que "las entidades han convertido los tribunales en sus oficinas recaudatorias", según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector.

Dos acciones desesperadas de dos hombres, uno de ellos muerto, a los que iban a desahuciar por no pagar sus deudas hipotecarias con los bancos, han abierto el debate en España sobre las imposiciones de los bancos a los deudores. El paro y la falta de ingresos en muchas familias que están pendientes de pagar una hipoteca, ha minado la salud mental de los españoles, como ya ocurre con griegos, italianos y portugueses. En muchos casos es el desencadenante de suicidios.

Esmeralda Vargas y Manuel Gabarras, de 33 y 34 años, llevaban 11 meses sin pagar el alquiler del piso en el que viven en las viviendas sociales conocidas como las «sindicales» de San Pablo de Catabois, en Ferrol. Su hija, de 8 años, tiene una enfermedad renal grave que les obliga a pagar un costoso tratamiento médico, según explicaron a los medios de comunicación los miembros de la Rede de Apoio. Las gestiones y la movilización ciudadana realizada por este grupo en Ferrolterra ha conseguido evitar el desahucio.

«No podemos tolerar que se siga presionando a estas personas que lleguen a momentos de estrés tan dramáticos que les hagan acabar con su vida para poner fin a esta presión»., dice José López, de la Plataforma de los afectados por las hipotecas de Burjassot. En ese municipio valenciano un hombre se lanzó por el balcón cuando la comisión judicial llegó a su vivienda para ejecutar un desahucio. Pocas horas antes otro se había ahorcado en Granada.

En Madrid 50 familias llevan ya 4 noches a las puertas de Bankia, uno de los bancos rescatados por el gobierno, pidiendo una solución. Aseguran que no se moverán hasta que el banco acceda a negociar con ellos. La asociación «Stop desahucios» piden un alquiler social universal para toda la población y la dación en pago retroactiva.

Los bancos aseguran que siempre intentan renegociar la deuda antes del desahucio... Bankia dice, por ejemplo, que por cada desahucio que ejecuta, renegocia cinco. El debate afecta también a los partidos mayoritarios. Políticos y jueces han hablado sobre la respuesta que debe darse a los afectados por los desahucios y sobre el papel de los bancos. Un grupo de magistrados realizó un informe en el que pedían que los políticos y el parlamento ldeben dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.

El PSOE, en el gobierno hasta finales de 2012, lamenta su error al no haber legislado cuando pudo hacerlo. Su portavoz en el Parlamento, Soraya Rodríguez, ha dicho que «lamentamos no haber actuado antes, no haber puesto en marcha cuando estabamos gobernando un cambio legislativo que hubiera impedido la situación que ahora viven muchos espanoles». El gobierno del PP, por medio de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que está estudiando este problema para «buscar una solución».

El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de los jueces, recogió a principios de octubre en un informe sobre el impacto de la crisis que los desahucios han subido un 13,4 por ciento con respecto a 2011 y según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que cita cifras del CGPJ, en el primer trimestre del año ha habido 48.000 desalojos, es decir, 517 al día. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2010 se suicidaron 3.158 personas. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también porpone reflexionar sobre el sistema actual. «Hay que reflexionar sobre las consecuencias sociales que produce a veces la aplicación de la ley en situaciones muy especiales.

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