El exprimer ministro, ante los tribunales por llevar al país al borde de la ruina

Por Sergio Delgado

Época de crisis económica y búsqueda de culpables. La difícil situación que viven o han vivido, con diferencias significativas, algunos de los países de la Unión Europea ha propiciado que muchos de sus vecinos no se cansen en señalar quiénes son los culpables y cuál es la "pena" que deberían cumplir. Desde políticos, acusados de corruptos e ineficaces, pasando por los banqueros y terminando por unos empresarios vistos como la viva imagen del enriquecimiento personal, sean cual sean las condiciones de trabajo.

En Islandia lo tienen claro. País caracterizado por un increíble crecimiento económico sin precedentes en la década de los 50-60, provocado por la industrialización del sector pesquero y la ayuda ofrecida por el Plan Marshall, vio como en 1994, la economía se diversificó y fue liberalizada justo cuando el país se unió al Espacio Económico Europeo, transformándola así en una de las economías más prósperas del mundo.

Entre 2003 y 2007, propició un nuevo giro de tuerca en su economía y ahí vinieron los problemas. Pasó a ser una nación que ofrecía sofisticados servicios financieros y el resultado fue, entre otros, provocar la emigración más grande de Islandia desde 1887, nacionalizar los bancos del país y recibir una sustanciosa ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En resumidas cuentas el colapso bancario islandés respondió a dos grandes causas. Por un lado, la regulación deficiente de su banco central y el tamaño insuficiente de sus entidades. En relación con la primera, el gran error del regulador fue concentrar sus esfuerzos en la lucha contra la inflación propiciando una atmósfera ideal para los especuladores, que llevaban su dinero a Islandia atraídos por los altísimos tipos de interés y una moneda completamente maleable.

Cuantos más altos eran los tipos, más dinero foráneo llegaba. Y cuanto más dinero foráneo llegaba, más se disparaban el crecimiento y la inflación. Y cuanto más se disparaba la inflación, más subían los tipos. La pescadilla que se mordía la cola.

La segunda causa de la debacle fue el tamaño desmesurado de los bancos de la isla, que manejaban un volumen de negocio que multiplica por 10 el PIB islandés. La mayoría eran instituciones creadas sobre fundamentos sólidos y bien gestionadas. Su vulnerabilidad no nacía de su insolvencia sino de sus problemas de liquidez, a los que un estado minúsculo como Islandia no podía hacer frente. Como consecuencia de todo esto, a principios de 2009 las numerosas protestas ciudadanas ante la crisis provocaron la dimisión del gobierno acompañada por una convocatoria de elecciones.

La bancarrota islandesa hizo saltar todas las alarmas e hizo ser consciente a todos los europeos de la gravedad de la situación que, a día de hoy, siguen viviendo, especialmente en países como Irlanda, Portugal y Grecia.

Haarde, el primer político juzgado por la crisis económica

Este pasado martes, Islandia sentó en el banquillo a su exprimer ministro, el conservador Geir Hilmar Haarde, acusado de "negligencia grave" por llevar al país casi a la ruina debido al desplome del sistema financiero. El proceso se inició con una audiencia preliminar en el Landsdómur, un tribunal especial que fue establecido en 1905 para juzgar a miembros del Gobierno y que hasta ahora nunca había actuado.

Los cargos que se le imputan incluyen grave negligencia por no tomar las medidas necesarias ante el inminente derrumbe financiero y por no haber mantenido informados a sus propios ministros sobre el peso de los bancos en el conjunto de la economía islandesa.

El Parlamento islandés decidió el pasado septiembre, por 33 votos a favor y 30 en contra, enviar a Haarde al citado tribunal por presunta negligencia, tras un informe de una comisión parlamentaria de investigación que podría llevarlo a la cárcel para un máximo de dos años. De nada le valdrían las excusas de la situación económica global siendo éste el primer dirigente político en todo el mundo imputado por la crisis financiera internacional. Haarde se declaró inocente de haber llevado a casi 329.000 habitantes al borde de la ruina.

¿Deberían ser juzgados los políticos?

La opinión pública europea se ha manifestado de desigual forma ante esta pregunta. Por una parte están los que consideran que este juicio será una operación de imagen de cara a la opinión pública y que no servirá de nada y, por otro, están los que ven con esperanza como el juicio a Haarde podría ser el principio de una serie de procedimientos judiciales contra los políticos, excusados en la grave crisis económica global.

La pregunta está en la calle: ¿acaso no son ellos los que la han propiciado con sus decisiones extremadamente benevolentes? Para muchos europeos se hace necesaria una mayor regulación de las actividades de los políticos que permita llevarlos ante los tribunales en caso de incumplimiento de sus obligaciones. Pero también de los bancos e instituciones financieras, responsables de la crisis por "jugar" con los intereses de los ciudadanos y por sus malas gestiones. Pese a todo, según una encuesta de la Fundación Gadeso, un 80,68 por ciento de los ciudadanos considera que los políticos acusados no cumplirían sus condenas.