Pasar de una mayoría cualificada de 2/3 a la mayoría absoluta parlamentaria para elegir a los consejeros y al presidente de RTVE es entregar su nombramiento al gobierno. Volvemos en la práctica (no formalmante) al sistema del Estatuto de 1980, que tan nefastos efectos tuvo tanto para el servicio público audiovisual como para el país en su conjunto.
El Decreto-mantiene la pamema de una primera votación para la que se requiere una mayoría de 2/3, que de obtenerse dará lugar a la elección por mayoría absoluta en una nueva votación a celebrar en 24 horas. Hay que decir que esta mala idea ya estaba en una disposición transitoria de la Ley de 2006 (pdf), pero sólo para la primera elección. El consenso entre los dos grandes partidos hizo innecesaria su aplicación.
Los consejeros son propuestos por los grupos parlamentarios, pero con este sistema muy bien podría resultar que todos lo fueran a propuesta del partido gubernamental, que (como ahora) tiene mayoría absoluta, o cuenta con algún pequeño grupo parlamentario para obtenerla.
Se mantiene el mandato de seis años, que en un sistema de consenso parlamentario es una medida que refuerza la independencia de presidente y consejeros, pero que con el nuevo sistema significa que un gobierno impone a su sucesor los órganos de administración y dirección de RTVE.
El nuevo sistema refuerza el papel del Senado, pues si antes la cámara alta elegía 4 de 12 consejeros, ahora decide sobre 4 de 9. No olvidemos que el PP siempre obtiene en el Senado una representación mayor que en el Congreso.
Todo el poder para el presidente
El Decreto Ley elimina la dedicación exclusiva y la remuneración de altos cargos a los consejeros de administración, manteniendo sólo la incompatibilidades del derecho mercantil y el cobro de dietas por asistencia a los consejos. No hay que ser muy avezado para pensar que el Consejo de Administración, aunque formalmente mantenga sus importantes competencias, va a ejercer en la práctica muy poco control sobre el nuevo presidente.
Esta medida, junto con la reducción del número de consejeros, se justifica demagógicamente en la necesidad de austeridad.
Se mantienen los requisitos de cualificación y experiencia profesional y hasta la responsabilidad patrimonial, lo que resulta poco coherente con consejeros que van a dedicarse a otras actividades y que incluso podrán sumar consejos de adminstración de empresas públicas o privadas.
Roto el consenso con el PSOE ¿a quién nombrará el gobierno de Rajoy? Descartados otros nombres excesivamente sectarios, se reafirma el de Luis Blasco, de Telefónica Argentina. Un presidente del PP y de Telefónica ¿Control político para el PP? ¿Control empresarial para Telefónica?
Me ocupé en otra entrada del perfil que juzgo necesario para el presidente de la Corporación. Añadiré una reciente declaración de Lord Patten, presidente del Trust de la BBC. El Director General de la BBC debería de tener la sabiduría de Aristóteles y la fuerza del futbolista Wayne Roonie. Pues eso...
Castigo a los sindicatos
El decretazo elimina que dos consejeros lo sean a propuesta de los sindicatos mayoritarios. Como premio de consolación añade un solo miembro designado por los sindicatos al Consejo Asesor, de muy limitadas competencias.
En la Exposición de Motivos, confundiendo los términos, se dice que los trabajadores ya están representados en el Comité de Empresa. Nada tiene que ver la representación y defensa de los derechos laborales con la gestión de la Corporación. Este origen sindical estaba destinado a aumentar el pluralismo interno de gestión, en la línea de su presencia en los consejos de administración de otras empresas públicas y apuntando tímidamente al modelo de cogestión de las empresas alemanas.
¿Es necesario un cambio radical de modelo de gestión?
El consenso de los dos grandes partidos para la designación de los altos cargos institucionales del país se muestra imposible. Malo era el sistema de cuotas, pero peor es esta irresponsabilidad que pone en crisis todo el estado de derecho.
La solución para el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas tiene que ser institucional y política, pero en el caso de RTVE podría ser más empresarial.
El sistema actual traslada a una empresa pública el modelo de una sociedad mercantil, eligiendo tanto al máximo ejecutivo como a su consejo de administración con criterios políticos. Una alternativa sería un presidente poderoso, con las competencias actuales y otras ejecutivas que ahora están en el consejo. Un presidente poderoso, del que dependiera la dirección y gestión. Pero un presidente profesional e independiente. Un presidente no nombrado parlamentariamente, sino por el consejo de administración, mediante un concurso público de méritos, algo que ya se está haciendo por ejemplo en instituciones como el Museo Reina Sofía.
El descrédito de RTVE
El servicio público sin independencia no es nada más que un órgano de propaganda. Pero no nos adelatemos. El resto de la Ley de 2006 sigue en vigor y los consejos de informativos tienen ahora una tarea decisiva: no sólo informar el nombramiento de los nuevos directores de informativos, sino luchar día a día por la independencia.
Los recortes están ya reduciendo la audiencia. Pero hay algunos hechos significativos. Por ejemplo, las películas clásicas de los jueves están obteniendo una más que digna audiencia, venciendo a espacios de televisión basura. ¿Hay un cambio de tendencia en el público?
El actual aprecio de RTVE ha costado mucho construirlo. Les toca ahora a los profesionales defenderlo. Y al público exigírselo.
