El Defensor del Pueblo Europeo investigará los casos de “Puerta giratoria”

El efecto «puerta giratoria» se ha convertido en un fenómeno que puede poner en peligro las bases de la democracia y la transparencia política. Cada vez es más habitual ver a funcionarios públicos que dejan el cargo para incorporarse a una empresa privada, a un grupo de presión o a una consultora. O al revés, exresponsables de empresas que acaban trabajando en la UE. El Defensor del Pueblo Europeo ha abierto una investigación para ver hasta donde llega este ir y venir.

Una puerta giratoria
El Defensor del Pueblo Europeo abre una investigación sobre la permeabilidad entre las instituciones de la UE y los «lobbys»

Las organizaciones Corporate Europe Observatory, Greenpeace, Spinwatch y LobbyControl han denunciado el aumento del fenómeno «puerta giratoria» ante el Defensor del Pueblo Europeo, que ha abierto una investigación para estudiar en profundidad los conflictos de intereses que están creando estas idas y venidas de lo público a lo privado y viceversa, en las instituciones de la UE.

El Defensor del Pueblo Europeo P. Diamandouros tendrá en cuenta si ese trasiego, tan lucrativo para las partes, es aislado o sucede de forma sistemática y la Comisión Europea está eludiendo su deber de ponerle freno.

Según las organizaciones denunciantes, el personal de la UE se va a empresas, a lobbys o monta consultoras sin que la Comisión aplique debidamente las leyes que existen para evitarlo.

En la denuncia figura una serie de casos documentados en los que el reglamento del personal no se ha aplicado debidamente. Como consecuencia de la investigación, la Comisión Europea estará obligada a hacer públicos todos los casos de «puertas giratorias» que se hayan producido en los últimos tres años. Una lista que ha sido denegada a las organizaciones dedicadas a velar por la transparencia de las instituciones.

Según la normativa, el personal debe someterse a un examen exhaustivo para evitar el conflicto de intereses, en el momento en el que comienza a trabajar en la UE y durante los dos años después de dejarlo. Si el nuevo trabajo para el que va a ser contratado pudiera presentar algún conflicto con su labor anterior en la UE, la Comisión podría prohibir que lo ejerciera, o aprobarlo con algunas condiciones.

Jorgo Riss, director de Greenpeace en Bruselas, cree que es una buena noticia que el Defensor del Pueblo abra una investigación. «Durante demasiado tiempo, la Comisión ha hecho la vista gorda ante los conflictos de intereses que surgen, cuando los burócratas de la UE cambian de trabajo para contratarse en grupos de presión, o cuando tras estar en un grupo de presión pasan a trabajar en la UE». Añade que la oficina del Defensor del Pueblo «debería llevar a la Comisión a cerrar la puerta giratoria a los grupos de presión privados que ponen en peligro el interés público».

La decisión de Diamandouros se produce en un momento en el que este problema está en «boca de todos» motivado por la dimisión del comisario de Salud, John Dalli, el pasado octubre, por un escándalo con el lobby del tabaco. También el Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado recientemente a las agencias de la UE por no tomar medidas adecuadas para resolver los conflictos de interés.

Rachel Tansey, de Corporate Europe Observatory, dice que en Bruselas los contactos personales son muy importantes. Proporcionan información valiosa. «Es una estrategia de negocios rentable que la Comisión no puede permitirse el lujo de ignorar».

La UE lleva dos años revisando la lista del personal que se ha ido, las organizaciones de transparencia piden que exija a los grupos de presión, a las empresas y a las consultoras que revelen si su personal ha trabajado con anterioridad como funcionario de la UE. Además creen que la investigación es una oportunidad para incluir normas más estrictas.