Los Veintiocho aúnan fuerzas para evitar más tragedias en el Mediterráneo

La Unión Europea se ha reunido de urgencia para intentar acabar con la muerte en el Mediterráneo. La principal novedad reside en la propuesta de la Comisión Europea de una operación militar destinada a desmantelar las embarcaciones utilizadas por las mafias. «La mejor manera de evitar que las personas mueran ahogadas es asegurar que no suben a estos barcos», ha explicado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Donald Tusk
Donald Tusk, presidente del Consejo europeo/ Foto: CE

La UE ha querido enviar un claro mensaje a las mafias que trafican con personas: acabar de una vez por todas con su modelo de negocio. «El objetivo es hacer sus vidas imposible», explicaba una fuente europea poco antes de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno. Así pues, han pedido a la Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, que estudie una operación cívico-militar para eliminar los buques que utilizan las bandas criminales en su lucrativo negocio.

Así pues, Mogherini, tiene un mandato para coordinar la operación. Sin embargo, fuentes diplomáticas admiten la dificultad de la misión, ya que aún no está claro cómo se establecerá la operación. La duda se encuentra en si se hará en aguas internacionales o en las costas de Libia, por donde salen la mayoría de embarcaciones, debido a la situación de desgobierno que reina en el país. En caso de que se establezca en territorio de ese país, la UE necesitaría una resolución de Naciones Unidas. También han acordado fortalecer las tareas de inteligencia para atacar a los contrabandistas antes de que actúen.

Los líderes europeos no sólo quieren acabar con el negocio de los traficantes, a quien el presidente francés François Hollande ha tachado hoy de «terroristas», también quiere blindar las fronteras europeas para vigilar y, en caso extremo rescatar. Han coincidido en triplicar la partida presupuestaria de la operación Tritón, destinada a la vigilancia de fronteras, para el próximo año. La cifra se acercaría a los 9 millones de euros, frente a los 2,9 millones mensuales destinados hasta ahora, y prácticamente la misma que se otorgaba anteriormente a la misión italiana Mare Nostrum.

El aumento del presupuesto de la operación ha sido una de las demandas más repetidas por Roma desde que Mare Nostrum tuvo que ser cancelada por la presión de Bruselas, justamente por el alto coste que suponía para el gobierno italiano. Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha pedido a los países que ofrezcan más recursos. Casi todos los países han confirmado sus aportaciones, como helicópteros o barcos. El presidente español, Mariano Rajoy, se ha negado a ofrecer una cantidad exacta a la espera de una propuesta concreta de la Comisión Europea.

Asimismo, han discutido de ampliar el mandato de Frontex, la agencia europea que supervisa las fronteras exteriores, para que pueda rescatar a inmigrantes. Hasta ahora esta posibilidad se había descartado. Especialmente contrario ha sido el gobierno español, que siempre ha lamentado el «efecto llamada» que dice tienen sobre las mafias este tipo de misiones. Fuentes europeas explican que el mandato de Frontex «no cambiará» y niegan que se convierta en una operación únicamente destinada al salvamento, ya que sólo operan a 30 millas y no rescatan en aguas internacionales, pero admiten que así se hará en caso extremo para evitar más tragedias.

Los estados aspiraban en un primer momento a reforzar la solidaridad entre ellos, a través de un plan piloto en el que los demandantes de asilo provenientes de los países que tienen más presión migratoria puedan recibir asistencia en otros estados europeos. Tusk ha admitido la dificultad del proyecto pero ha pedido que los países «sacrifiquen sus intereses nacionales por el bien común». Sin embargo, la medida no se ha podido concretar por falta de entendimiento y lo han dejado en manos de los países que quieran participar de forma voluntaria.

En este sentido, el primer ministro británico, David Cameron, ha asegurado al entrar a la reunión que ofrecía dos barcos y helicópteros para las tareas de vigilancia, pero siempre y cuando se respete el acuerdo de Dublín, en el que se establece que la demanda de asilo se debe gestionar en el primer país al que llega el inmigrante.