Bonos de impacto social, ¿un nuevo reto para las ONG?

En contraste con los programas estatales de atención social ejecutados por gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe, surge una propuesta que apela a la inversión privada y que ya desde su enunciación recibe variados cuestionamientos. La iniciativa se conoce como «bonos de impacto social» (SIB), un mecanismo con marcado acento monetarista y sujeto solo a éxitos concretos.

Indígena pasea delante de un centro educacional
Zona Guaraní / Foto: Mario Osava (IPS)

La organización no gubernamental Social Finance, de Gran Bretaña, los define como una forma de contrato basado en resultados, en el cual organismos públicos se comprometen a pagar por una mejora significativa en metas sociales de un segmento específico. «Hay mucho interés en desarrollar estos modelos, no solo por parte de gobiernos sino también de fundaciones y agencias de desarrollo. Hemos visto muchos temas, pero deben ser diferentes en América Latina» por su situación social, explica el estadounidense Michael Eddy, uno de los fundadores de la ONG Instiglio.

Esta entidad sin fines de lucro, con sedes en Boston y en Medellín, diseñó en 2012 un SIB para la metrópoli colombiana con el objetivo de reducir el embarazo adolescente en 450 casos en un lapso de entre cuatro y seis años. La inversión prevista es de dos millones de dólares y un rédito del 10 por ciento. Pero el esquema no se ejecutó porque ese año la alcaldía cambió de administración.

La idea de los SIB se promueve como un intento de abordar la inversión en la prevención de problemas sociales y de salud y para ahorrar fondos públicos, pero es difícil para las instituciones encontrar los fondos e incentivos necesarios. El economista neozelandés Ronnie Horesh fue el primero en recomendarlos en 1988 en su artículo «Bonos de política social», en el que argumentaba que podían ser comercializables.

El mecanismo es que el gobierno del lugar elegido identifica un problema social a atender, firma un acuerdo con un intermediario que recauda fondos de bancos, fundaciones o individuos, y contrata a un prestatario de servicios sin fines de lucro. Los actores acuden a un tercero para que evalúe el alcance de los objetivos y resuelva cualquier disputa. Si el proyecto cumple las metas pautadas, el gobierno paga los réditos a los inversionistas a una tasa que oscila generalmente entre seis y el 13 por ciento.

En la actualidad hay 32 SIB en fase de diseño en distintas partes del mundo y otros seis en ejecución en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, según un mapa esbozado por Instiglio.