Bruselas hará un seguimiento de las tasas judiciales en España

Unas tasas judiciales excesivas podrían vulnerar el derecho de una persona a ser oída por un tribunal, dice la Comisión Europea en respuesta a una pregunta de la eurodiputada socialista María Irigoyen, sobre la nueva ley de tasas judiciales que se aplica en España desde el pasado 17 de diembre. Que contempla, entre otras, tasas de entre 100 a 1200 euros para recursos de casación.

Estatua de la Justicia con la bandera de la UE
La UE hará un seguimiento de las tasas judiciales en España/ Foto: CE

Una eurodiputada socialista española ha denunciado ante la Comisión Europea las nuevas tasas judiciales que ha decretado el ministerio de Justicia de España. La diputada María Irigoyen, dice que la nueva ley «fija cuantías desproporcionadas, vulnera el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva», recogidos en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Ya que la nueva ley «dificulta a las personas con menos recursos el acceso a la justicia».

La vicepresidenta de la CE y comisaria de Justicia, Viviane Reding, contesta que el carácter excesivo de las tasas judiciales «puede constituir una restricción que vulnere la propia esencia del derecho fundamental de una persona a ser oída por un tribunal».

Reding se refiere en su respuesta a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dictaminaba que «el requisito de pagar tasas a los tribunales por la tramitación de una causa no constituye en sí mismo una violación del derecho fundamental de acceso a la justicia» pero añade que «el carácter excesivo de una tasa debería evaluarse a la luz de todos los elementos pertinentes de la legislación por la que se establece dicha tasa, incluidas las posibles excepciones que se apliquen a las personas que puedan acogerse a asistencia jurídica»

Irigoyen explica en su carta a la CE, que la nueva ley del Partido Popular obliga a «todos los ciudadanos» a pagar tasas de entre 100 a 1.200 euros para los recursos de casación tanto en los tribunales del ámbito civil como del administrativo «poniendo fin a las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso».

Recuerda que tanto el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, como el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales opinan que la ley incumple el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.

Reding asegura que «la Comisión llevará a cabo un estrecho seguimiento de este asunto».