Contaminadores al banquillo

¿Pueden los gobiernos del Caribe tomar medidas legales contra otros países que recalientan el planeta con consecuencias devastadoras para la región?. La respuesta es sí, según el exdiplomático regional Ronald Sanders, quien también es investigador en la Universidad de Londres. Considera que una demanda legal es posible, siempre que los pequeños estados insulares en desarrollo actúen en conjunto.

Máquinas y obreros trabajando en una carretera
Deslizamiento de tierras en Trinidad/ Foto: Desmond Brown/ IPS

Sanders cree que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, estará dispuesta a oír sus argumentos, aunque será un escollo importante el requisito que impone ese tribunal de que todas las partes involucradas en una disputa accedan a su jurisdicción.

«Es muy improbable que los países que están recalentando el planeta, y que ahora incluyen a India y a China, además de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea... accedan a la jurisdicción», dijo Sanders.

«La alternativa, si los países quieren presionar sobre el asunto de la compensación por la destrucción causada por el cambio climático, es que se presenten ante la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)», señala.

Sanders dice que los países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom) pueden, «como grupo, presentar una resolución en la que expongan que creen, y hay evidencia para apoyar su argumento, que el cambio climático y el recalentamiento global están teniendo un efecto material... sobre la integridad de sus países».

«Estamos viendo que desaparecen áreas costeras, y sabemos que, de continuar aumentando el nivel del mar, grandes partes de las islas actuales desaparecerán, y algunas de ellas incluso podrán quedar sumergidas, así que la evidencia está allí», agrega.

El exdiplomático recuerda los efectos perjudiciales de las inundaciones y los deslizamientos de tierras en San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Dominica en diciembre de 2013. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, considera esos fenómenos «sin precedentes» e indica que tan solo en su país las pérdidas causadas fueron de 60 millones de dólares, según estimaciones preliminares.

«Los habitantes en el Caribe saben, a partir de su propia experiencia, que el cambio climático es real», dice Sanders. «Saben de días y noches más calurosas que antes, de huracanes más frecuentes e intensos, aunque haya años como el último en que no hay ninguno, o de prolongadas sequías seguidas por fuertes lluvias e inundaciones fuera de su estación, y de la reconocible erosión de áreas costeras y arrecifes», añadie.

En la 19 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 19), que se celebró en noviembre en Varsovia, los países en desarrollo lucharon arduamente para que se completara la creación de un tercer pilar de un nuevo tratado climático en 2015.

Tras dos semanas y 36 horas de negociaciones, finalmente lograron la aprobación del Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños, que se sumará a los pilares de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Los detalles de ese mecanismo se negociarán en las conversaciones climáticas de junio de este año en Bonn, y en la decisiva de Paris, en 2015.

Como presidente de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, la nación micronesia de Nauru participará la segunda semana de abril en una reunión en Nueva Delhi del grupo Basic (Brasil, Sudáfrica, India y China), para intentar crear una plataforma común para las negociaciones internacionales.

«No es solo el Caribe, por supuesto», nos dijo Sanders. «Actualmente, otros países del mundo, por ejemplo los del océano Pacífico, deben hacer frente a un peligro aún más acuciante que nosotros. Hay países en África y en Asia que tienen este problema».

«Si todos ellos aunaran esfuerzos, habrá una cuestión moral que plantear en la ONU, y tal vez ese sea el lugar en el que presionemos más efectivamente si actuamos juntos. Eso requerirá un gran liderazgo, gran valentía y gran unidad», agrega.

Sanders puso como ejemplo a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que actúan en grupo, se consultan entre sí y presentan un programa para que sea asumido como el estándar internacional, y que los países en desarrollo deben aceptar.

La primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller, elogió que en la cumbre de Caricom, realizada en San Vicente el 11 y 12 de marzo, los gobernantes del bloque decidiesen dar prioridad al tema climático, después que al finalizar 2013 las lluvias devastaron Santa Lucía, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

En esa cita los jefes de gobierno acordaron la creación de un grupo de trabajo sobre cambio climático y pequeños estados insulares en desarrollo, para brindar orientación a los negociadores caribeños sobre este fenómeno, así como a sus ministros y líderes políticos, para garantizar el posicionamiento estratégico de la región en las negociaciones.

En Antigua, donde la sequía persistió durante meses, las cuencas se secan rápidamente. El gerente de asuntos hídricos en la Autoridad de Servicios Públicos de Antigua, Ivan Rodrigues, culpa al cambio climático. «Sabemos que el clima está cambiando y lo que tenemos que hacer es afrontarlo», dice.

Pero a él no le convence la idea de una acción legal internacional contra los grandes países industrializados. «Pienso que lo que causará (una reversión de las prácticas) es el activismo de los consumidores», plantea. «El argumento puede no ser suficientemente fuerte para que un tribunal legal realmente castigue a un gobierno».

Sin embargo, Sanders cree firmemente que una opinión de la Corte Internacional de Justicia marcará una enorme diferencia. «Si la Asamblea General de la ONU aceptara una resolución en cuanto a que queremos una opinión de la Corte Internacional sobre este asunto, pienso que podríamos obtener una opinión favorable a (...) los países caribeños y otros que están afectados por el cambio climático» a IPS.

«Si se presentara una demanda en la que los países, gobiernos y grandes empresas supieran que si continúan con estas prácticas dañinas se tomarán medidas contra ellos, por supuesto que cambiarían su postura, porque a fin de cuentas quieren ser sostenibles y exitosos. No quieren tener que entablar luchas judiciales y perderlas y luego tener que pagar indemnizaciones», agrega.