Copago y privatizaciones para garantizar la sanidad europea

Poblaciones envejecidas y recortes presupuestarios en gastos sociales. Esa es la realidad actual en los 27 estados de la UE. El futuro, una sanidad pública insostenible, según la Comisión y los gobiernos europeos.

La recomendación para garantizar la operatividad de los sistemas públicos de salud es sopesar la inclusión del copago en los actos sanitarios y dejar entrar al sector privado. Otro mordisco al Estado de Bienestar de Europa.

Un médico observa una radiografía
Foto:navarraconfidencial

Los ministros de Finanzas de los 27 tienen previsto aprobar en su próxima reunión de diciembre una recomendación a los Estados para racionalizar el gasto de la sanidad pública, que pasa por la posibilidad de introducir un sistema de copago por cada acto médico y permitir la participación privada en los sistemas de salud.

La argumentación es fácil. La población europea envejece, los pacientes aumentan sus expectativas hacia la sanidad pública, las tecnologías médicas exigen inversiones multimillonarias y los presupuestos sanitarios se están recortando, como consecuencia de la necesidad de disminuir el déficit público.

Obtener más rendimiento por el dinero invertido. Es el objetivo que plantea el informe elaborado por el Comité de Política Económica, en el que están representados los gobiernos de los 27, y la Comisión europea y que estudiará el ECOFIN.

Fomentar un uso rentable de la atención sanitaria, a través de incentivos adecuados incluidos sistemas de copago y de pago al proveedor, y en su caso a través de la participación de proveedores no públicos garantizando al mismo tiempo la protección de las personas más vulnerables, dice el informe como principal herramienta de actuación.

Además propone dedicar más recursos a la prevención, conseguir un uso más rentable de los medicamentos y promover más la atención primaria al tiempo que se reduce el uso innecesario de prestaciones hospitalarias y de especialistas.

Según los datos de la UE, los gobiernos europeos destinan un 15% del total de sus gastos a la sanidad pública y más del 7% del PIB, lo cual supone un considerable aumento con respecto a las cifras de hace una década. En consecuencia, según la UE, las reformas son necesarias para prestar una atención sanitaria de calidad y lograr un uso más eficaz de los recursos públicos.