El Tribunal de Estrasburgo rechaza la extradición de un clérigo islamista del Reino Unido a Jordania.

Abu Qatada, considerado la mano derecha de Bin Laden en Europa, no será extraditado desde Reino Unido a Jordania, donde fue condenado en rebeldía a cadena perpetua por actividades terroristas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que las pruebas contra él fueron obtenidas mediante tortura y que no se dan condiciones para un juicio justo en Jordania.

Abu Qatada, en el programa Panorama, de la BBC
Abu Qatada, en el programa Panorama, de la BBC

Por primera vez, el tribunal de Estrasburgo sentencia que una deportación puede constituir una violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge el derecho a un juicio justo. La sentencia argumenta que existe el riesgo de que las pruebas obtenidas bajo tortura a algunos confidentes sean empleadas en un nuevo proceso.

Abu Qatada,de 51 años, se llama realmente Omar Othman, vive en el Reino Unido desde 1993, donde consiguió el estatuto de refugiado político. Se dice que desde una mezquita de Londres arengaba contra los judíos y justificaba ataques suicidas de extremistas islámicos. Las autoridades británicas, que nunca le llevaron a juicio, le califican de «realmente peligroso» y le consideran una figura clave en la red terrorista de Al Qaeda. En el apartamento de uno de los terroristas del 11-S, Mohamed Atta, se encontraron vídeos, en los que aparece pronunciando sermones.

En Jordania, había sido juzgado en ausencia en 1999 y condenado por conspiración para atentar con bombas contrados hoteles de Amán y asesorar y financiar otros atentados. Está peseguido en varios países europeos y el juez Baltasar Garzón le describió como «la cabeza espiritual de los muyahidines en el Reino Unido».

La justicia británica decidió hace tres años su extradición a Jordania, pero Abu Qatada recurrió al tribunal europeo, alegando que sería torturado en su país. Los jueces de Estrasburgo le han dado la razón. Las autoridades del Reino Unido, sin embargo, piensan apelar. La secretaria británica de Interior, Theresa May, ha dicho que «esto no es el final del camino» y que considerará todas las opciones legales.

Desde Amnistía Internacional se ha celebrado la sentencia de los jueces europeos. Julia Hall, en declaraciones a la BBC, ha dicho que hay «un alarmante retroceso en derechos humanos. Las seguridades diplomáticas no pueden sustituir el respeto por la obligación legal de no enviar a alguien a un país donde hay un riesgo real de tortura».