Una falacia común permea en la cobertura informativa de la prensa mundial sobre las negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores. La falacia, que se ilustra en un comentario reciente de Philip Stephens del diario Financial Times, es que «Atenas no logra o no quiere –o las dos– poner en marcha un programa de reforma económica.»

La nefasta política de la austeridad y el consiguiente aumento de las desigualdades sociales golpean el proyecto europeo. Y como decíamos en la primera parte de esta reflexión, producen evoluciones diversas (y contradictorias) en el panorama político de diversos países. En algunos de ellos, ese cambio en el paisaje anterior de las fuerzas políticas en presencia tiene mucho que ver con el mayor debate sobre la corrupción.

Quedan tres días para que los ministros de economía y finanzas de la Eurozona se reúnan con Grecia como tema principal sobre el tapete. El ministro griego de finanzas, Yanis Varoufakis, ha dicho que Atenas y los acreedores internacionales deberían llegar a un acuerdo en los próximos días o semanas, al tiempo que ha recomendado a Alemania que asuma que el programa de rescate ha «fracasado».

Una frase resume el panorama de Europa en los últimos años: «Enormes niveles de desempleo y un claro aumento de los indicadores de pobreza y exclusión social». Así lo resume el informe de Cáritas Europa 'El aumento de la pobreza y las desigualdades', presentado recientemente en Lisboa. Y si hay un país donde esa frase lapidaria cobre su sentido máximo es en Portugal.

El informe «Perspectivas de la Economía Mundial», publicado este mes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirma que las consecuencias del colapso del sistema financiero, que comenzó en 2008, siguen siendo graves. Este cuadro se acentúa por el envejecimiento de la población, no solo en Europa sino también en Asia, la desaceleración de la productividad y la débil inversión privada.

Un informe redactado a petición de la Eurocámara destaca el aumento de la preocupación por «la fractura social» que han provocado en España los recortes en sectores como sanidad o educación, consecuencia directa de la pobreza en muchas familias, y que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El Eurogrupo quiere que Portugal tome nuevas medidas para bajar el déficit presupuestario a menos de un 3 por ciento. Así lo han desvelado diferentes medios lusos, confirmando las proyecciones europeas que estiman que el déficit se elevará al 3,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cinco puntos por encima de las previsiones gubernamentales (2,7 por ciento) y siete de lo acordado con Europa (2,5 por ciento).