El impuesto sobre los carburantes que se aplica desde hace años en algunas comunidades autónomas y que se destina a financiar la sanidad, vulnera la legislación europea, dice un informe del tribunal de Justicia de la UE. Si el dictamen final del Tribunal está de acuerdo España podría tener que devolver unos 13.000 millones de euros, aunque la sentencia final podría no ser retroactiva.