Varias organizaciones han enviado un escrito a la Comisión Europea para que inste Gobierno español a que asuma sus responsabilidades en el cumplimiento de la normativa europea más importante de protección de la biodiversidad. Con un retraso de dos años y ante el consecuente riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea, muchas Comunidades Autónomas han iniciado procesos de «aprobación masiva de los planes» con un contenido bastante deficiente y sin contar con la necesaria participación ciudadana en la mayor parte de los casos.