Condiciones leoninas para sus clientes, un fallido papel como intermediario financiero, especulación contra la deuda pública... A diario se repiten los reproches que desde la calle y desde algunos partidos políticos se lanzan contra los bancos y su papel en la crisis económica actual. Bancos salvados por los gobiernos y desahucios bancarios que dejan diariamente a familias en la calle y no solo en España. Lo mismo ocurre en otras economías europeas en crisis como Grecia o Italia y el problema se extiende incluso a los Estados Unidos, con las ya famosas manifestaciones contra Wall Street. El poder de los bancos está más en entredicho que nunca y la gente reclama instrumentos eficaces de intermediación y control financiero.
Pero no toda Europa parece optar por la misma postura. Ya hay gobiernos que piensan que el problema real reside en el código deontológico que se sigue por parte de los bancos a la hora de actuar. O mejor dicho, en la falta de código deontológico. Y Holanda es un claro ejemplo de ello. Las elecciones del pasado 12 de septiembre colocaron en el poder a una coalición formada por el Partido Liberal y el Partido Laborista. En principio, con buena sintonía, han llegado a un acuerdo que incluye planes para reducir los gastos del estado en 16.000 millones de euros durante los próximos cuatro años para llegar al déficit público cero en 2017. Se trata de una reducción que se suma a los 12.000 millones recortados ya en los últimos seis meses.
Banqueros obligados a firmar un código deontológico vinculante
Holanda es una de las economías más prósperas y estables no solo de la Unión Europea si no de todo el continente y del mundo. Su tasa de desempleo es de las más bajas y con un 5,4% está por debajo del 11,6% en la eurozona y del 10,6% en el conjunto de la UE. Además es una de las pocas economías de la eurozona que aún mantiene la calificación AAA de las principales agencias internacionales. Desde que la UE empezó a ayudar económicamente a diferentes bancos europeos estrechamente ligados con la inestabilidad de sus países de origen, y a diferencia de otros como Finlandia, Holanda se ha mantenido siempre prudente en cuanto a manifestar públicamente su postura respecto a este tema. El primer ministro, Mark Rutte, ha decidido actuar y lo ha hecho donde cree que reside uno de los principales problemas de esta crisis: los bancos.
A partir de ahora, en Holanda éstos estarán estrictamente vigilados. Los banqueros deberán firmar un código deontológico vinculante donde se regularizará su integridad como profesional a la hora de actuar. Además se vigilarán las operaciones que los ejecutivos realicen cada día, es decir, no podrán vender productos dudosos y llamativos, hipotéticas o créditos, a priori interesantes, pero peligrosos respecto a la estabilidad del sistema bancario y de las familias que lo solicitan. También los directivos tendrán prohibido obtener bonificaciones que superen el 20% del salario percibido y los megacontratos blindados estarán estrictamente prohibidos. El paro será, el primer año, de un 70% del sueldo percibido y el segundo pasará al salario mínimo. Después se calcularán los bienes y gastos del desempleado.
Independientemente de estas tareas de control bancario, en Holanda a partir de los 100.000 euros de salario, el poder adquisitivo bajará un 0,6% y no podrán deducirse los descuentos fiscales de las pólizas de seguros. Y es que serán las rentas más altas las que también pagarán también más por la sanidad y por sus viviendas con el objetivo de que colaboren más en el mantenimiento del sistema ayudando a que las clases sociales más bajas estén mejor atendidas. Las personas que dispongan de grandes pensiones tendrán servicios mínimos de asistencia y aquellos que acudan al hospital o a urgencias sin haber sido remitidos por un médico deberán pagar un recargo de 50 euros.
El BCE controlará todos los bancos de la eurozona en 2014
Estas medidas tomadas por Holanda se suman a la propuesta que apenas hace un mes lanzó la propia Comisión Europea en encomendar al Banco Central Europeo (BCE) la supervisión de todos los bancos de la eurozona a partir de 2014, gracias a unas reglas establecidas por la Autoridad Bancaria Europea. Esto otorgaría nuevos poderes para retirar la ficha bancaria y sancionar a las entidades incumplidoras. Países como Reino Unido, Alemania y los países del este mostraron su recelo ante esta medida criticando que el BCE podría acumular demasiado poder. La UE enseguida salió al paso afirmando que se tendrían en cuenta todas las realidades de los 27 estados miembros.
En principio, en enero del próximo año, el BCE dirigirá el control de los bancos que hayan recibido ayudas públicas y en enero de 2014, se encargará de las 6.000 entidades que trabajan en la zona euro. Otro de los objetivos será, según palabras del presidente de la Comisión, Durao Barroso, el de romper el círculo vicioso entre deuda soberana y deuda financiera y avanzar hacia una unión bancaria, «en el futuro, las pérdidas de los banqueros ya no se convertirán en deuda de los ciudadanos». Por tanto, el BCE tendrá la última palabra en las decisiones clave, mientras que el trabajo diario de supervisión seguirá en manos de las autoridades nacionales.
