La UE acelera la redacción del nuevo acuerdo internacional contra la crisis

El tiempo corre en contra y los líderes de la UE se apresuran a dar validez jurídica al acuerdo intergubernamental alcanzado para frenar la crisis financiera. El borrador del texto ya está en las capitales europeas y tiene novedades. Un país firmante podrá denunciar a otro si cree que no ha incorporado la regla de oro correctamente en su Constitución. Además, la firma de nueve países será suficiente para que entre en vigor el tratado.

Foto de familia del Consejo Europeo de diciembre
Foto de familia del Consejo Europeo de diciembre / Foto: Consejo UE

No hará falta esperar a la ratificación de los 17 socios del euro ni a saber si otros países de la UE se suman al acuerdo. El texto propuesto consagra la Europa a dos o más velocidades, como querían Francia y Alemania. Una vez firmado por nueve países, los demás podrán ir sumándose, cuando resuelvan sus problemas políticos, según ratifiquen el acuerdo siguiendo su normativa jurídica. Así se evitan posibles escollos, como los que sobrevuelan ante un posible referéndum en Irlanda.

Otra novedad del borrador es que cualquiera de los Estados firmantes podrá denunciar a otro ante el Tribunal de Justicia de la UE si considera que el techo de gasto no se ha incorporado a su Constitución en los términos que recoge el acuerdo intergubernamental para asegurar la disciplina fiscal en la eurozona. De esta manera se esquiva la principal preocupación que el nuevo tratado suscita: su engranaje con las instituciones europeas, al tratarse de un acuerdo entre Estados y no de la UE.

El texto propuesto recoge en 14 artículos los acuerdos políticos alcanzados en la cumbre del 8 y 9 de diciembre: pacto fiscal, coordinación económica, supervisión presupuestaria y sanciones automáticas por superar el déficit permitido.

Las negociaciones sobre este borrador comenzarán el 20 de diciembre. En la primera semana de enero habrá otra reunión y se confía en poder firmarlo antes de marzo. Participarán en las reuniones los socios de la eurozona y el resto de Estados de la UE, incluido Reino Unido, aunque solo como observador.