Las agencias de 'rating' no podrán campar a sus anchas

El Parlamento Europeo ha aprobado por 577 votos a favor, 58 en contra y 60 abstenciones las normas que van a regular la actividad de las agencias de calificación crediticia. Cuando entren en vigor, las agencias tendrán que anunciar cuando van a hacer pública la calificación de la deuda soberana y los inversores podrán llevarlas a los tribunales por negligencia, además la participación de las agencias en las entidades a las que califica tendrá limitaciones.

Fachada de la sede de Moody
Sede de la agencia de calificación Moodys en Nueva York (EE UU)

En la crisis económica y financiera ha quedado patente lo mucho que las calificaciones de las agencias de 'rating' influyen a la hora de hacer inversiones y perturban los mercados. Para poner fin a esta situación la Comisión Europea presentó en noviembre de 2011 un paquete legislativo que debe reforzar la transparencia con la que actúan las agencias de calificación de riesgos crediticios. El pleno del europarlamento lo ha aprobado este miércoles, ahora el Consejo debe darle el visto bueno a su vez y 20 días después de que se publique en el Diario oficial de la UE entrará en vigor.

Según esta normativa las agencias deberán explicar los factores que han motivado sus conclusiones, no podrán hacer recomendaciones directas o explícitas sobre las políticas económicas de los países. Las agencias podrán publicar sus calificaciones sobre la deuda soberana de los países que no haya sido solicitada por estos solamente dos o tres veces al año y en fechas que la agencia haya anunciado a finales del año anterior. La publicación la hará después del cierre de los mercados y como mínimo una hora antes de la apertura.

Los inversores podrán reclamar daños y perjuicios a la agencia en caso de que les haya causado pérdidas debido a negligencia o infracción grave, independientemente de los términos del acuerdo que tuvieran.

Para evitar la indefensión ante las calificaciones crediticias, los bancos, las empresas de inversión, las aseguradoras y las sociedades de gestión deberán tener sistemas de evaluación propios. La vida de estas calificaciones que han jugado un papel tan perturbador en el comienzo de la crisis tiene los días contados. A partir de 2020 se suprimirán las referencias a calificaciones en la legislación de la UE.

Todas las calificaciones, excepto las que soliciten los inversores privados, se publicarán en una plataforma europea certificada por la Unión, de esta forma será más fácil la comparación. Se prohíbe a las agencias calificar cuando un accionista o socio que posea el 10 por ciento de los derechos de voto de dicha agencia también sea miembro del consejo de administración o de supervisión de la entidad calificada o haya invertido una cantidad considerable en esta.