Londres «pasapalabra» sobre la tasa Tobin

El secretario de Estado británico para Europa, David Lidington, ha criticado la propuesta del presidente francés, Nicolas Sarkozy de grabar las transacciones financieras. Lidington, la ha calificado como una «idea loca» y ha dicho que «eso va a costar puestos de trabajo y tendría un efecto negativo en el crecimiento».

David Lidington hablando en el Foro
David Lidington, Secretario de Estado Británico para la UE/Foto:Nueva Economía

El responsable británico, que ha participado en el foro «Nueva Economía» ha recordado que su país «tiene una postura clara al respecto -y ha añadido- tengo dudas de que la tasa financiera siga adelante en el seno de la UE que sólo tendría sentido si se hace globalmente».

Según los cálculos de Londres, la medida supondría menos crecimiento económico y la pérdida de unos 400.000 puestos de trabajo. No sólo eso sino «que si países como España y Francia la aplican el beneficiado sería el Reino Unido», porque las empresas se trasladarían a ese país. Una opinión que comparte con el viceministro alemán de Asuntos Exteriores, Michael Link, que ha dicho hoy en París que la tasa a las transacciones financieras propuesta por Francia es inútil si no reúne a la mayoría de países europeos.

El responsable de Asuntos Europeos británico ha asegurado que Londres igual que Praga ha optado por quedarse fuera del pacto fiscal, y ha recordado que «nosotros somos los primeros interesados en que el euro logre estabilizarse» para evitar que la economía británica quede contagiada. Su homólogo español, Iñigo Méndez de Vigo, ha invitado al gobierno británico a «decidir qué papel quiere jugar en Europa, si quiere aprovechar la marea mientras fluye o bien resignarse a ver como nuestra empresa fracasa», citando a Shakespeare.

David Lidington, que ha ocupado varios cargos políticos en su país independientemente del color político que gobernara en «Downing Street», tiene en su currículo un hecho curioso y es que ganó dos veces el programa «Pasapalabra» en el Reino Unido. Hoy en Madrid, ha «pasado la pelota» tanto a la Unión Europea como al gobierno español en temas como la crisis económica y el estatus de Gibraltar.

Sobre este tema, ha reafirmado el rechazo de su gobierno a negociar con España la soberanía de Gibraltar o el cambio del estatus de la colonia si no es con el consentimiento de los habitantes del Peñón, cerrando así la puerta al diálogo con Madrid.

En ese sentido el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha afirmado que el rechazo del Reino Unido a reanudar la negociación bilateral sobre la soberanía de Gibraltar sin el consentimiento de la población de la colonia contraviene «absolutamente» los pactos firmados sobre el litigio.

También ha hablado de esta polémica el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que considera que España, con más de cinco millones de parados, tiene «otras prioridades más importantes que las reclamaciones históricas» sobre el Peñón. En una entrevista en ABC Punto Radio, Picardo ha dicho que la solución al contencioso pasa por que España trate a Gibraltar «como un pueblo vecino y se olvide de reclamaciones históricas» sobre la soberanía, una reivindicación que ha tildado de «quijotesca». Entre 6.000 y 7.000 españoles cruzan cada día la Verja para trabajar en Gibraltar, porque «nuestra economía está muy bien», «mejor» que en Europa, mientras que «no son ni diez los gibraltareños que tienen su empleo en España».

Picardo, que ganó las elecciones hace dos meses, se entrevistó la semana pasada con David Lidington en Londres para comunicarle que «el pueblo de Gibraltar no da su consentimiento para que se mantengan negociaciones con España.

El contencioso sobre el Peñón tiene su raíz en el Tratado de Utrecht (1713), por el que España cedió este territorio a la Corona británica con la condición de que se lo devolviese en caso de renunciar a él. En 1984, España y Reino Unido firmaron la Declaración de Bruselas para establecer un proceso negociador que resolviera el litigio.

Este marco se prolongó hasta 2002, cuando España y Reino Unido estuvieron a punto de cerrar un acuerdo para compartir la soberanía de la colonia.