Planes secretos de Merkel y Sarkozy para frenar la crisis de deuda

París y Berlín diseñan en secreto un nuevo pacto de estabilidad para la zona euro, al margen de las instituciones de la UE, que permitiría una acción decidida del Banco Central Europeo para quebrar los ataques de los mercados contra la deuda de los países de la moneda única. Lo ha desvelado este fin de semana la prensa alemana y nadie lo ha desmentido.

Merkel y Sarkozy, en la cumbre de Cannes
Merkel y Sarkozy, en la cumbre de Cannes / Foto: elysée

El sábado fue el rotativo Bild el que avanzó las conversaciones entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, para proponer un nuevo Pacto de Estabilidad, que obligue a los estados del euro a mantener un estricto control con una supervisión supranacional.

Poco nuevo en el fondo, pero sí en la forma. El acuerdo lo suscribirían los gobiernos, sin el encorsetamiento de los mecanismos de la UE que retrasan cualquier decisión meses o años. Hay prisa por atajar la crisis de deuda y esta fórmula permite acelerar la toma de decisiones. Sería algo así como el acuerdo de Schengen para la eliminación de las fronteras interiores de la UE, al que se acogen los países europeos libremente.

Este domingo el diario Die Welt am Sonntag abunda en la idea y da detalles más novedosos, porque asegura que el supuesto acuerdo incluye un cambio de actitud del gobierno alemán para, con el compromiso de estabilidad de los gobiernos, permitir que el Banco Central Europeo compre deuda soberana con determinación y frene las especulaciones de los mercados financieros sobre los Estados más débiles.

El periódico cita a un miembro del BCE que no se identifica y que afirma que «si los políticos tienen problemas mientras realizan un paso verdaderamente comprensivo, entonces el BCE entrará en juego y ayudará».

Según esas informaciones, París y Berlín anunciarán su propuesta en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE del próximo 9 de diciembre. Cuentan con que su fórmula evite el veto de cualquier socio europeo y pueda estar en marcha a comienzos de 2012, pero también prevén la oposición de Reino Unido que, sin estar en la eurozona, reivindica su derecho a participar en decisiones que afectan directamente a su economía.