Poner orden en las costas y el mar

Se hace necesario poner orden en las zonas marinas y costeras. En el mar además de sus habitantes naturales, los peces, hay instalaciones eólicas, cables y oleoductos submarinos, barcos, pesca, acuicultura... Y en la costa 200 millones de ciudadanos de la Unión Europea. O se ordena o todos acabarán con todo.

Una columna de molinos eólicos en el mar
El uso del mar y de las costas se está volviendo insostenible/ Foto: CE

La presión que se ejerce sobre las zonas marinas y costeras está siendo insostenible. La Comisión Europea ha elaborado la propuesta «Crecimiento Azul» que pretende ordenar ese caos. Según la comisaria de Asuntos Marítimos y pesca, María Damanaki, la propuesta quiere «facilitar un desarrollo y unas inversiones sostenibles en el mar».

Los Estados miembros deberán a su vez elaborar estrategias de gestión costera que permitan coordinar la legislación de las diferentes actividades. Favorecerá, entre otras cosas, la conexión de las instalaciones eólicas marinas a las redes de energía en tierra o las obras de las infraestructuras que deberán proteger las franjas costeras contra la erosión y el cambio climático.

La Comisión opina que el uso de un solo instrumento que equilibre todos los intereses deberá aumentar la seguridad de los inversores y reducir la carga administrativa. Se da el caso, en algunos países, que para obtener el permiso de apertura de una instalación de acuicultura hay que hacer gestiones hasta en ocho organismos administrativos diferentes.

Los estudios que maneja la Comisión indican que la aceleración de las inversiones en parques eólicos y en explotaciones de acuicultura puede generar de aquí a 2020 entre 60 millones de euros (en caso de una aceleración de un año) y 600 millones de euros (en caso de una aceleración en tres años).

La propuesta quiere garantizar que los usos actuales y futuros del espacio marítimo sean más eficientes y sostenibles. La Unión Europea se adhirió al Convenio de Barcelona, en cuyo marco se estableció un Protocolo sobre la gestión integrada de las costas que entró en vigor en marzo de 2011, que hace que esa gestión sea obligatoria para los Estados miembro ribereños del Mediterráneo.