Según Jueces para la Democracia, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, reclama la expulsión de la judicatura de Santiago Vidal, fundamentándola en la participación de Vidal en la redacción de una Constitución Catalana y en sus opiniones sobre el derecho a decidir. El Promotor considera que estos hechos constituyen una falta de ignorancia inexcusable de los deberes judiciales, por vulnerar el deber de fidelidad a la Constitución.

El carácter marcadamente ideológico de las actuaciones del Promotor de la Acción Disciplinaria ha quedado evidenciado en otras actuaciones. Anteriormente se produjo un amplio debate jurídico sobre el derecho a decidir, en relación con la consulta que se quería plantear en Catalunya. En el citado contexto el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, expresó públicamente que el derecho a decidir no tenía cabida en el vigente texto constitucional y no hubo ninguna consecuencia disciplinaria ante esta legítima opinión.

Sin embargo, 33 magistrados y magistradas emitieron un manifiesto en el que opinaron también legítimamente que el derecho a decidir era compatible con la Constitución. Pero en este caso el Promotor de la Acción Disciplinaria inmediatamente incoó diligencias contra este colectivo de magistrados, en una manifiesta vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley. Las diligencias se mantuvieron injustificadamente durante casi un año, para acabar archivándolas por considerar que se trataba de opiniones amparadas por la libertad de expresión, lo cual era evidente desde el primer día. Además, el Promotor reprendió con torpeza a los firmantes por lo equivocado de su punto de vista jurídico, en una actuación que resulta incompatible con la neutralidad exigible a un órgano disciplinario.

El Promotor pide ahora la separación de Vidal de la judicatura, por considerar que no ha cumplido con su obligación de acatar el texto constitucional. Parece olvidar que la Constitución ampara tanto a quien defiende su contenido como a quien discrepa del mismo. Y que la libertad de expresión y de creación jurídica permiten realizar aportaciones que modifiquen el actual marco constitucional. Y más todavía cuando un magistrado realiza estas aportaciones en su tiempo libre, al margen de su actividad jurisdiccional. De hecho, en modo alguno se acusa a Vidal de haber vulnerado la Constitución en ninguna de las decenas de miles de resoluciones que ha dictado, sino que se le ataca por expresar como ciudadano sus opiniones sobre el modelo territorial de nuestro país.

La propuesta de expulsión por emitir determinadas opiniones no tiene precedentes en nuestro país y resulta abiertamente desproporcionada. Supone una lesión grave del principio de inamovilidad judicial. Y desprende un inquietante estilo autoritario, de falta de respeto a la pluralidad propia de un sistema democrático, que va en la línea de determinadas actuaciones del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Además, en el trámite del expediente se han producido filtraciones a los medios de una materia que tiene carácter reservado. Y de ellas debe dar explicaciones el Promotor de la Acción Disciplinaria, al no existir partes personadas en este tipo de expedientes. Jueces para la Democracia denunciará el uso indebido por el CGPJ de datos personales de carácter disciplinario por razones políticas.

Nunca hemos defendido las posiciones independentistas de Santiago Vidal, pues como organización progresista tenemos como valor fundamental la cooperación entre los pueblos y creemos que los problemas territoriales existentes pueden solucionarse desde el diálogo constructivo. Pero sí que apoyamos la libertad de expresión y de creación jurídica de Vidal, así como la de cualquier integrante de la judicatura. Y por eso nos oponemos a persecuciones inquisitoriales de carácter político.

Ante unas actuaciones poco acordes con la instrucción de verdaderas faltas, en el fondo y en las formas, desde Jueces para la Democracia pedimos la dimisión del Promotor de la Acción Disciplinaria, que fue nombrado como cargo discrecional de libre designación por el CGPJ. Y anunciamos que ejerceremos las acciones necesarias para impedir que se consume una expulsión que nos devolvería a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia las opiniones ajenas.