KABUL, (IPS) - Los derechos de las mujeres siguen marginados en Afganistán, pero en ningún ámbito esa desigualdad es tan chocante como en el viciado sistema judicial de este país.

La historia de Yazmin es un ejemplo. La edad legal para casarse siendo mujer es 16 años. Pero cuando ella tenía ocho, su familia arregló su matrimonio con un hombre de 60, en una apartada localidad de la oriental provincia de Nangarhar. Después de cuatro años de infelicidad, Yazmin huyó con un hombre de su aldea del que estaba enamorada.

Cuando la pareja fue detenida por escapar y volver a casarse, ella estaba embarazada. Tuvo a su hijo en prisión. Ya liberada obtuvo alojamiento en un refugio de Kabul, temiendo que su familia y su primer marido, ahora con 70 años, la localizaran y la mataran por el honor mancillado. «El primer paso previsto es su divorcio, ahora tiene 18 años y tiene derecho a hacerlo», dice Huma Safi, responsable del programa de Mujeres por las Mujeres Afganas, una organización que ofrece refugio y asistencia legal y familiar.

«El segundo paso será conseguir un verdadero matrimonio con su segundo esposo, de quien ella está enamorada. El casamiento también permitirá reducir la sentencia de él. Y luego podrán vivir juntos», explica.

Cuando se llevó a cabo la segunda Conferencia de Bonn sobre Afganistán, el 5 de diciembre, las mujeres afganas batallaron para que se las escuchara, una década después de que la comunidad internacional se reuniera en la misma ciudad alemana para diseñar una hoja de ruta para que este país, arruinado por décadas de guerras, construyera sus instituciones sobre el fundamento de los derechos civiles.

Las prioridades de Bonn II, en el marco de la retirada de fuerzas de la coalición internacional previsto para 2014, han sido la transición de la seguridad, las conversaciones de paz con el movimiento islamista Talibán y las futuras relaciones regionales.

El Banco Mundial ha alertado sobre la dependencia afgana de la ayuda internacional, que asciende a más del 90 por ciento de su presupuesto de 17.100 millones de dólares, y en Bonn II se han notado los recortes que están practicando donantes.

Las Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres afganas temen que sus proyectos sufran las consecuencias de esa disminución de recursos. Selay Gaffar, de la Red de Mujeres Afganas, solo contó con tres minutos en la conferencia para pedir a los donantes que siguieran apoyando la defensa de sus derechos.

La declaración final de Bonn II relaciona brevemente la equidad de género con la Constitución afgana en materia de gobernanza y negociaciones de paz. En los últimos años, las activistas lograron crear conciencia sobre los derechos de género y mejorar el acceso a la educación y a la salud de las mujeres, en especial en áreas urbanas.

También se establecieron refugios, que albergan por ejemplo a mujeres como Yazmin, liberadas de prisión que no pueden volver a su hogar por la estigmatización. Pero en las casas de acogida tampoco se sienten seguras ni tienen libertad de movimiento.

Una encuesta de Thompson-Reuters, divulgada en junio de 2011, identificó a Afganistán como el país más peligroso del mundo para las mujeres por la violencia, la pobreza y la falta de atención médica.

«Entre 2001 y 2003 se prestó mucha atención a los derechos de la mujer, pero luego disminuyó», indica Huma Safi. «Nuestra principal preocupación es no volver a la situación de hace 15 años».

No solo a la del régimen Talibán, tampoco a la de antes», aclara. «En la guerra civil de los muyahidines, muchas mujeres fueron violadas» cuenta Huma «La gente estaba tan cansada del conflicto, que fuimos olvidadas por la comunidad internacional».

En vísperas de Bonn II, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, perdonó a Gulnaz, una muchacha de 21 años violada y luego condenada por adulterio, que dio a luz en prisión a un hijo fruto de esa violación. Pero la gracia presidencial no es lo habitual.

La mayoría de las 700 mujeres recluidas en las sórdidas prisiones afganas fueron condenadas por adulterio o «zina» (relaciones sexuales entre personas no casadas), un castigo común por escapar de un matrimonio forzado o del abuso crónico. Muchas permanecen en prisión con sus hijos.

«Hay dos tipos de casos, con un montón de variantes, que escuchas una y otra vez», observa Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch (HRW). «Unas son muchachas muy jóvenes obligadas a contraer matrimonio contra su voluntad que escapan para evitarlo. A veces solas y otras con ayuda de un hombre, de quien no están realmente enamoradas», describe.

«Otra categoría son las mujeres casadas, casi siempre contra su voluntad, que sufren violencia doméstica por lo general física, pero a veces verbal», indica Barr. «Se escapan. Estos casos suelen convertirse en zina cuando hay un hombre acompañándolas», añade. Si bien todas las mujeres que ha entrevistado tenían abogado, la calidad de la defensa no era buena, y los juicios carecían de investigación y de pruebas. «A veces el hombre logra lo que quiere mediante soborno, pero ella no», apunta.

«La zina está en el Código Penal, pero la huida no. Cuando lo comenté a jueces y abogados, respondieron detenidame que al escapar las mujeres se arriesgan a incurrir en esa falta», relata Barr. Gran parte de la población todavía apela a mecanismos tradicionales de justicia comunitaria fuera del sistema formal, según HRW.

En 2009, Karzai promulgó la Ley Chiita de la Familia, que incluía la autorización del matrimonio de adolescentes de 14 años y el derecho de los maridos a forzar sexualmente a sus esposas. Pero, las protestas de la sociedad civil y la comunidad internacional, hicieron que la norma fuera modificada. Ese mismo año, el gobierno aprobó la ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que penaliza actos como el matrimonio infantil o forzado y la violación.

Un análisis de la Organización de las Naciones Unidas sobre su aolicación, divulgado en noviembre, señala: «Funcionarios del sistema judicial comenzaron a aplicar la ley en muchas partes del país, pero su uso constituye una ínfima proporción de la forma en que el gobierno atiende casos de violencia contra la mujer».

Mujeres como Zuhra * siguen siendo condenadas. A los 12 años, vivía en Kabul cuando la casaron con un hombre mayor que ya tenía tres esposas. Este la obligó a prostituirse a diario hasta que la vivienda que habitaban fue allanada. Fue detenida y estuvo presa durante dos años. Ahora tiene 17 y vive en un refugio. «Logramos que se divorciara, pero ahora quiere casarse otra vez. Tratamos de que entienda que tiene tiempo, que no hay prisa», relata Huma Safi. «No la culpo, cuando salen de prisión, sienten que con un marido estarán protegidas».

* Los nombres de las mujeres se han cambiado para proteger su identidad.