Piden también que se investigue la desaparición de más de 113000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura. En el escrito presentado en Madrid, denuncian que las autoridades españolas «vulneran su propio ordenamiento jurídico, el derecho internacional y los compromisos adquiridos al ratificar los tratados que consideran delito continuado la cuestión de las desapariciones forzadas». La entrega de la carta es el paso previo a un viaje a Bruselas para explicar su situación antes las instituciones europeas.

Para este colectivo «en España se ha cerrado la vía política y la jurídica» a los familiares de «miles de desaparecidos, fusilados, torturados y depurados». La abogada Cristina Almeida, ha señalado que la ley de amnistía de 1977 «no es excusa para no investigar los crímenes del franquismo» y ha recordado la política seguida en Argentina que en los últimos años ha iniciado varios juicios por crímenes de lesa humanidad contra ex militares de la junta.