Este lunes 1 de enero, entra en vigor la norma europea por la que todos los aviones que vuelen hacia o desde Europa deberán pagar por cada tonelada de dióxido de carbono (CO²) que emitan a la atmósfera. Una medida que ha levantado ampollas en las compañías aéreas de países de fuera de la UE que incluso pusieron una demanda ante los tribunales que han fallado a favor de la Unión.

La Unión Europea aprobó en 2008 la medida que entraba dentro del paquete destinado a reducir en un 46 por ciento para finales de esta década los gases de efecto invernadero que van a la atmósfera desde el continente europeo.

Las emisiones de la aviación representan casi un 3 por ciento de los gases que genera en total la UE. Son además los que más crecen, según la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.

Las aerolíneas, sobre todo las de fuera de la UE, han hecho toda la presión que han podido. Cada vez les cuesta más trabajo cuadrar sus cuentas y esto costará, según cálculos de la Comisión Europea entre 1,8 y 9 euros más en vuelos de ida y vuelta dentro de la UE y unos 12 euros en vuelos transoceánicos que probablemente cargarán al precio de los billetes.

Las principales aerolíneas estadounidenses denunciaron la medida ante la justicia británica, que consultó al Tribunal de Justicia de la UE. El argumento de las compañías es que no se puede imponer la medida a empresas que no son de la UE y pedían que se contabilizara solo el CO² que producían sobre terreno de la Unión en lugar de sobre todo el trayecto.

El Tribunal Europeo aduce que no se trata de discriminación ya que se aplicará a todas las compañías europeas y extranjeras. Estados Unidos amenaza con tomar «medidas apropiadas» y China no se ha mordido la lengua al decir que habrá represalias contra la industria aeronáutica europea, Brasil, México e India no se quedan atrás. Europa contraataca con el peso de la ley que prevé sanciones de 100 euros por tonelada de CO² que emitan y la prohibición de volar en el cielo de la UE.

El conflicto está en la mesa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una Agencia de la ONU con sede en Canadá. Mientras, este primero de año la norma europea entra en vigor y las compañías deberán ir al mercado de carbono a comprar sus bonos si quieren seguir volando a o desde la Unión Europea.