Ochenta y nueve millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en la UE o, lo que es lo mismo, 179 kilos por habitante. La paradoja la ponen otras cifras: en Europa hay 79 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y 16 millones dependen de la caridad. El Parlamento Europeo ha propuesto cambios en las fechas de caducidad, en el envasado y en los precios para evitar el despilfarro de comida.

Todos los días se tira a la basura una enorme cantidad de alimentos en perfecto estado y Brusleas calcula que los residuos alimentarios alcanzarán los 126 millones de toneladas en 2020, si no se toman medidas preventivas.

Eso es lo que han pedido los eurodiputados, una normativa que obligue a los Estados a evitar ese despilfarro. De momento, ellos proponen distintas fórmulas que ayudarían al consumidor a equilibrar su compra y su nevera.

Por ejemplo, aseguran que el 18% de los consumidores no comprende la frase «consumo preferente antes de…» y piden que el etiquetado lleve una doble fecha con el límite para la venta y para el consumo, que facilitaría la seguridad de hasta cuando un alimento es comestible. Proponen además que se amplíe la gama de tamaños de envasado para que los consumidores puedan adquirir cantidades adecuadas y sugieren que la industria agroalimentaria analice las ventajas de ofrecer más productos a granel y de tener en cuenta los hogares unipersonales.

Otra idea para reducir la cantidad de alimentos que se tiran es que se permita en toda la UE que los comerciantes rebajen el precio de los alimentos frescos por debajo del coste de producción cuando estén próximos a la fecha límite para su venta.

Los eurodiputados proponen introducir cursos de educación sobre alimentación en todos los niveles de enseñanza y que se proclame 2014 Año Europeo contra el Desperdicio de Alimentos, «lo que sería un importante instrumento de información y promoción para sensibilizar a los ciudadanos europeos y llamar la atención de los Gobiernos nacionales sobre este importante tema».

Junto a estas consecuencias de la opulencia, se recuerda que en la UE viven 79 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza y que hay en el mundo 925 millones de personas con riesgo de desnutrición. El informe del Europarlamento pide reorientar los programas de distribución de alimentos entre las personas más desfavorecidas y pide a la Comisión que se dé prioridad en la adjudicación de contratos públicos a las empresas que distribuyan gratuitamente los productos no vendidos entre los más pobres.