Decenas de miles de personas se han manifestado en Budapest contra la nueva Constitución del país, que entró en vigor el uno de enero, con el único apoyo del partido gobernante y sin pasar por referéndum. Sus críticos creen que la Carta Magna convierte a Hungría en una autocracia. La UE ha advertido de que algunas partes del texto constitucional contradicen los valores europeos.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, cumple lo prometido cuando llegó al poder hace más de dos años: hacer la revolución en el país con los principios de «Dios, orgullo patrio, cristiandad y familia tradicional». De nada han servido las advertencias sobre la deriva autoritaria del presidente de la Comisión Europea, la secretaria de Estado de EEUU, el Fondo Monetario Internacional u organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional.

Ha desaparecido la denominación de República de Hungría y el país se llama ahora oficialmente solo Hungría. Con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, el conservador partido Fidesz ha completado la transformación del país a su medida y blindándose para mantenerse en el poder. La Constitución fija nuevas normas electorales que presumiblemente favorecen a las regiones con mayor número de votantes fieles a la formación gubernamental y da derecho de voto a cualquier ciudadano de origen húngaro que viva en el extranjero.

En el ámbito social, la nueva Carta Magna cierra las puertas al derecho al aborto y al matrimonio homosexual. Tiene una referencia religiosa concreta («Dios bendice a los húngaros) y reduce el número de confesiones religiosas con derecho a subvención.

Pero la oposición húngara critica, sobre todo, que ha quedado suprimida la separación de poderes. Denuncian que los principales puestos de responsabilidad en la Economía, la Justicia, la Política y las Fuerzas Armadas están en manos de gente de confianza del primer ministro, con mandatos de 9 a 12 años. La reforma del Banco Central de Hungría ha paralizado los trabajos previos para la entrada del país en el euro porque queda en entredicho su independencia del poder político.

Las nuevas medidas solo podrán modificarse con una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo cual garantiza su continuidad, según la apabullante mayoría actual del Fidesz. Sin embargo, desde el gobierno se argumenta que la Constitución mejora el marco legal de Hungría y que, por primera vez, un Parlamento elegido democráticamente es el autor de la Carta Magna.