Lyon, Marsella o París han sido escenario de una nueva oleada de deportaciones en las últimas semanas. HRW recoge cifras del gobierno francés, según las cuales 4.714 ciudadanos de Rumanía y Bulgaria han sido expulsados del país en los tres primeros meses del año, después de que se deportara a otros 9.500 en 2010.

Francia tiene ahora una nueva ley de inmigración que, para los activistas de derechos humanos, se queda corta en el respeto a la normativa europea de libertad de movimientos para los ciudadanos de la UE.

La policía inspecciona los asentamientos gitanos, interroga y obliga a firmar papeles a personas que no entienden francés, dice el informe de HRW. Los que reciben la orden OQTF (Obligation de quitter le territoire français) pueden apelar la decisión o abandonar el país en 30 días. Si no lo hacen, pueden ser detenidos o expulsados a la fuerza.

La nueva ley de inmigración permite deportar a los extranjeros, aunque sean ciudadanos europeos, por abusar de sus derechos, si han estado en Francia durante varias etapas cortas o con el propósito de beneficiarse del sistema de asistencia social.

«Estas prácticas violan la ley y el espíritu de las leyes de libertad de movimiento», ha dicho la investigadora de HRW, Judith Sunderland, quien añade que «hay que plantearse si sería igual si fueran ciudadanos alemanes o suecos, por ejemplo, los que fueran expulsados por visitar el país por segunda vez».

Algunos romaníes han abandonado Francia con el programa de Retorno Voluntario Asistido, por el que los adultos reciben 300 euros y los niños, 100 para volver a sus países. Organizaciones romaníes han sabido que algunos rumanos o búlgaros viajan a Francia solo para recibir esa ayuda.

HRW ha remitido su informe a la Comisión Europea que ahora guarda silencio sobre la situación. El año pasado, el mismo caso provocó un duro enfrentamiento entre la comisaria de Derechos Fundamentales, Viviane Reding, y el gobierno francés, a quien exigió el cumplimiento estricto de la normativa europea sobre no discriminación.

Meses después, la Comisión Europea se daba por satisfecha con las actuaciones del ejecutivo de Sarkozy, aunque HRW asegura que hay «profundos defectos de legislación y pruebas de discriminación contra los romaníes».