El ex presidente de la petrolera rusa Yukos, Mijaíl Jodorkovski y su socio Platón Lébedev, han sido considerados culpables de todos los cargos de los que han sido juzgados durante 22 meses. El presidente del Parlamento Europeo, Jercy Buzek ha manifestado su solidaridad con Jodorkovski y con su familia, en un comunicado difundido nada más conocerse la noticia.

Buzek exigió a Rusia el respeto a la «separación de poderes entre la Justicia, el Ejecutivo y el legislativo» añadió que solamente cuando se garanticen esas condiciones la agenda modernizadora que pretende el presidente Dmitri Medvédev«tendrá posibilidad de hacerse realidad».

El presidente del Europarlamento manifestó en su última visita a Rusia su preocupación por este juicio y por los asesinatos sin resolver de las periodistas Anna Politkovskaya, Natalia Estemírova, Anastasia Barburova, y la muerte en prisión por falta de asistencia médica del abogado Serguéi Magnitski.

Por su parte la jefa de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, ha hecho un llamamiento a Rusia para que respete los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional ha pedido al tribunal que revoque la declaración de culpabilidad. La organización considera que el proceso ha sido injusto y está cargado de motivaciones políticas. Considera a Jodorkovski y Lébedev presos políticos.

Jodorkovski ingresó en prisión en 2003 acusado de fraude, evasión tributaria, robo, blanqueo de dinero y otros cargos. La acusación solicita una pena de 14 años de prisión. En la actualidad el que fue magnate del petróleo cumple una pena de ocho años de prisión que terminará el próximo año. Una vez en la calle podría presentarse a las presidenciales de 2012, el Kremlin no está dispuesto que eso suceda. Precisamente, según sus seguidores, la intención de entrar en política y que se hiciera público que Yukos financiaba a varios partidos opositores al presidente ruso Vladimir Putin fue lo que terminó con su imperio petrolero y dio con él en la cárcel.

Yukos fue desmembrada, liquidada y los principales yacimientos pasaron a la compañía pública Rosneft controlada por ex colegas de Putin en la KGB.