Según datos de la Comisión Europea, cada año un millón de niños se ve involucrado en algún tipo de procedimiento penal, ya sea como sospechosos o como imputado. El borrador, que tras ser aprobado en la Comisión inicia un tedioso proceso legislativo, pide que a todos ellos se les garantice la asistencia de un abogado desde el momento del arresto. Así mismo, los eurodiputados insisten en que dada su condición de menores, se les deberá informar «en un lenguaje claro y sencillo», acerca de los cargos que se les imputan y el proceso al que se enfrentan.
Con las legislaciones actuales, según un informe elaborado por el Parlamento Europeo, existe una gran disparidad de criterios entre los Estados miembros. Algunos países incluyen en sus leyes la obligatoria defensa, otros lo limitan al momento del juicio e incluso hay casos en los que la asistencia de un letrado se deja a criterio de los jueces. «Estas disparidades hacen que, en la práctica, muchos menores europeos no tengan hoy garantizado el acceso a un abogado», explican fuentes europarlamentarias.
El borrador pide tener presente que se trata de niños. Para los eurodiputados es necesario mantener a los menores detenidos en dependencias separadas de los adultos, y proponen que «si está justificado y no perjudica a otras personas», esta medida se aplique incluso cuando los sospechosos hayan cumplido los 18 años. Recuerdan que éstos deberán tener derecho a entrevistarse con sus padres o tutores legales antes de ser interrogados y piden que se graben los interrogatorios, «que siempre se harán en presencia de los progenitores».
«Son derechos que deberán aplicarse con independencia de la raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas, nacionalidad, origen étnico o social, posición económica, discapacidad, nacimiento u otro estado», insisten desde la Comisión de Libertades. Recuerdan que el objetivo de la justicia es ayudar a la integración del menor, y por ello piden que los juicios en los que haya menores involucrados se celebren a puerta cerrada, «para evitar estigmatizarles».
Cambios legislativos
Si bien es cierto que la mayoría de países contemplan programas específicos y alternativos, como la mediación o los programas educativos de integración, para las causas penales que involucran a menores, la directiva implicará cambios sustanciales en prácticamente todas las legislaciones de los Estados miembros. Sólo en Bélgica, República Checa, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido (excepto Escocia) se especifica la obligatoriedad de informar y aconsejar a los menores de una forma «cercana, adaptada y amable». En lo que a la privacidad de los encausados se refiere, únicamente existen leyes para proteger la identidad de los menores sospechosos o culpables en Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal o Eslovenia.
Las asimetrías se hacen más evidentes si cabe al analizar la edad penal. Para la mayoría de los estados, los menores son responsables de sus actos, y por tanto susceptibles de ser imputados en una causa judicial, a partir de los 14 o 15 años, como ocurre en España. Sin embargo, en otros países, como Irlanda o Países Bajos, se entiende que a los 12 años los niños ya pueden ser acusados de hechos delictivos. Aunque para precoces los británicos, con leyes que permiten abrir causas penales contra niños de 10 años.
Tras la aprobación en la Comisión de Libertades, donde recibió el respaldo de 50 eurodiputados y sólo dos votos en contra, el documento tendrá que ser aprobado ahora en el pleno del Parlamento Europeo. Una vez dado este paso, tendrán que refrendarlo el Consejo y la Comisión. Está previsto que las negociaciones a tres bandas, los llamados trílogos, empiecen en las próximas semanas. Aunque no parece que haya dificultades para que la directiva salga adelante, porque los Estados miembros ya avalaron la iniciativa en el Consejo del pasado verano.
