Bruselas avisa: las pensiones españolas peligrarán dentro de 20 años

La Unión Europea ha pedido al gobierno español que tome medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones después de 2030. Bruselas considera justificada la reforma propuesta por el ejecutivo pero aún pide ir más allá.

El envejecimiento de la población y las consecuencias de la crisis harán el sistema inviable en el futuro. Por tanto, además de reformar el mercado laboral, apuesta por la consolidación presupuestaria para hacer frente a un mayor gasto público.

Si no se toman medidas, en 2030 empezarán los problemas en el sistema de pensiones español. Es la conclusión de un informe de los Comités de Política y Protección Social de la Unión Europea, que este jueves ha estudiado el ECOFIN.

España estará en una situación de riesgo en las próximas décadas debido al envejecimiento demográfico, ya que tiene la segunda mayor esperanza de vida del mundo y el número de pensionistas se duplicará entre 2010 y 2040. A eso hay que unir la disminución de las contribuciones a la Seguridad Social a consecuencia del paro.

El informe considera justificada la reforma laboral propuesta por el gobierno español, que incluía el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, la desincentivación de las jubilaciones anticipadas y ampliaba el número de años trabajados para establecer las pensiones.

Sin embargo, Bruselas asegura que no es suficiente con retrasar la edad de jubilación, sino que son necesarias otras reformas del mercado laboral para que los ciudadanos trabajen más tiempo. Además, el informe recomienda profundizar en la consolidación presupuestaria para aumentar la capacidad de incremento del gasto público que, en el caso de las pensiones, se estima en el 6,7%.

Los expertos de la UE valoran el funcionamiento del Pacto de Toledo y piden que se mantenga como mecanismo de consenso, como lo ha sido hasta ahora. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ha optado por no ver las nubes que se avecinan y sí valorar lo que el informe tiene de positivo: el reconocimiento de la solidez actual del sistema, la reducción de la pobreza en España y el aumento de las pensiones mínimas, aunque las consecuencias de la crisis puedan tener algún efecto.