La UE pide un cambio en la política de Israel sobre Gaza

La Unión Europea pide a Israel un cambio «urgente y fundamental» de la política que aplica en Gaza. Aunque no ha llegado a exigir el levantamiento inmediato del bloqueo a la Franja.

Ha pedido también la «apertura inmediata e incondicional» de los pasos fronterizos para permitir la circulación de personas, bienes y sobre todo «ayuda humanitaria» a la población.

Los ministros de Exteriores de los veintisiete creen que será prioritario contar con un acceso «total y regular» por vía terrestre, y eventualmente también por vía marítima.

La Alta Representante y el enviado del Cuarteto en los pasillos del Consejo hablan con los periodistas
Tony Blair y Catherine Ashton/Foto:CE

Al Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE ha asistido el enviado especial del Cuarteto para Oriente Próximo, Tony Blair, que ha sido invitado especialmente por la Alta Representante para la política Exterior, Catherine Ashton, para informar de sus recientes encuentros con las autoridades israelíes.

El ex primer ministro se ha mostrado optimista sobre una posible relajación del bloqueo en los próximos días y que Israel permita la entrada de bienes y materiales de construcción para reconstruir las casas destruidas por Israel y hacer más llevadera la vida de los palestinos manteniendo el bloqueo sobre las armas.

Para abrir el acceso habrá que elaborar una lista de artículos prohibidos, lo que llevará algún tiempo. La UE ha dicho que podría implicarse en la elaboración de esa lista y en el control del paso fronterizo de Rafah junto a la Autoridad Palestina que debe formar parte de las soluciones que se planteen.

La UE ha vuelto a reiterar su condena a Israel por el uso de la fuerza en el asalto a la flotilla de la Libertad.

Por su parte Israel, ha aprobado la apertura de una investigación Ha nombrado una comisión en la que ha incluido a dos observadores extranjeros, que no tendrán voz ni voto, tras las peticiones internacionales para que la investigación sea imparcial.

Los soldados y altos cargos que participaron o planificaron la operación, en la que murieron nueve activistas, no testificarán ante la comisión.