Normas más estrictas contra el blanqueo de dinero

"Nuestros bancos no deben funcionar como lavanderías" ha dicho la comisaria de Asuntos de Interior Cecilia Malmström, en la presentación de las nuevas directivas contra el lavado de dinero negro que afectan a políticos o a miembros de la mafia que blanquean dinero procedente del tráfico de drogas, del comercio ilegal de armas, de la trata de seres humanos o del juego.

Billetes de 100, 200 y 500 euros
Normas más estrictas y multas más altas

Todos los políticos, jefes de Estado, miembros de Gobiernos, parlamentarios, o miembros de los tribunales supremos estarán también vigilados para que no puedan blanquear dinero negro. "Nuestro objetivo es proponer normas claras que refuercen la vigilancia que ejercen bancos, abogados, contables y demás profesionales afectados", ha dicho el comisario de Mercado Interior y servicios Michel Barnier.

Las propuestas de la Comisión Europea tienen plenamente en cuenta las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo encargado de la lucha contra el blanqueo de dinero a escala mundial. Las nuevas directivas, van incluso más allá en algunos casos.

Aumenta la claridad y coherencia de las normas en toda la UE, establece un mecanismo para que los titulares reales de las cuentas sean identificados y las sociedades lleven un registro de la identidad de las personas que realmente están detrás de cada una de ellas.

Las normas afectarán también a los políticos, ya sean residentes en algún Estado miembro o extranjeros, en particular los jefes de Estado, ministros, parlamentarios y miembros de los tribunales supremos también las personas que trabajan en organizaciones internacionales.

Garantiza la cobertura del sector de los juegos de azar, la anterior directiva solo se aplicaba a los casinos e incluye una referencia expresa a los delitos fiscales. Las personas que comercien o presten servicios que deban abonarse en efectivo por un importe superior a 7.500 euros (ahora son 15.000), deberán llevar registros, implantar controles internos y notificar las operaciones sospechosas. Los Estados pueden aplicar umbrales inferiores.

La actual legislación lleva en vigor desde 2005, pero los defraudadores se sofistican y mejoran continuamente por lo que la CE revisa la normativa con frecuencia.