Nimes, Montpellier, Gallages, Perpignan,... Los piquetes de agricultores franceses dicen que las frutas y hortalizas españolas se venden más baratas en Europa y su forma de oponerse es asaltar a los camiones españoles y destrozar la mercancía. Las organizaciones agrarias españolas denuncian que ante este tipo de actuaciones, los gendarmes franceses no actúan para impedirlo.

Las protestas se repiten desde Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña. Asaja, COAG, Upa y Cooperativas Agroalimentarias exigen al gobierno medidas «decididas y firmes» que garanticen su tránsito por las autopistas francesas hacia los mercados europeos. Entienden que las gestiones realizadas hasta ahora no tienen consecuencias positivas y se disponen a tomar represalias. Estudian cortes en la autopista AP-7, en la frontera de La Jonquera (Girona) y boicotear los productos o intereses franceses.

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha declarado que «el Gobierno francés nos ha manifestado que van a actuar para impedir que estos ataques se puedan producir... Estamos reclamando a Francia desde el primer momento que condenen estos actos violentos y que los gendarmes tengan una actitud activa».

Ha habido más contactos. El responsable francés de Asuntos Europeos, Jean Leonetti, se entrevistó con su homólogo español, Diego López Garrido, según ha explicado el Ministerio galo de Exteriores. «Leonetti informó a López Garrido del llamamiento a la calma y al respeto de las reglas comunitarias en vigor lanzado por el Gobierno francés», ha afirmado una portavoz de ese departamento.

De hecho, ya en julio, después de un primer ataque de piquetes franceses, la Comisión Europea advirtió a París de su obligación de cumplir las normas de mercado único y garantizar la libre circulación de mercancías. Bruselas ha condenado ahora de nuevo «todo tipo de acción ilegal y destructiva», pero dice no tener noticias de nuevos casos de incidentes y recuerda que las normas de la UE dan a las autoridades nacionales la competencia exclusiva en el mantenimiento del orden público.