La escasa información y las barreras administrativas todavía dificultan la libre circulación de servicios en la Unión Europea, un año después de vencer el plazo para la trasposición de la Directiva de servicios a las legislaciones de los estados miembros

Son las conclusiones a las que llegó el Parlamento Europeo, tras estudiar el progreso de la transposición de la Directiva de servicios en los 27. Entró en vigor a finales de 2006 y en ella se especificaba que los Estados miembros disponían de un plazo de tres años para llevarla a cabo. Sin embargo, vencido el plazo, los resultados no han sido los esperados. El PE votará un informe que subrayará la necesidad de alentar a los Estados miembros para que aceleren la aplicación de la directiva, así como de trabajar más en otros aspectos, como asegurar un fácil acceso a la información por parte de las empresas.

Un paso más hacía el espacio único

Desde su nacimiento, el objetivo de la directiva de servicios ha sido hacer avanzar a la UE hacia un auténtico mercado interior de los servicios, de modo que tanto empresas como consumidores puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece.

Mediante el apoyo al desarrollo de un mercado interior de los servicios verdaderamente integrado, la directiva contribuye a hacer realidad el considerable potencial de crecimiento económico y de creación de empleo de este sector en Europa. Por esta razón, la directiva de servicios constituye un elemento fundamental de crecimiento y empleo al potenciar la simplificación administrativa.

La directiva de servicios constituye un enorme paso adelante para garantizar que tanto los prestadores como los destinatarios de los servicios se beneficien con mayor facilidad de las libertades fundamentales consagradas en los artículos 43 y 49 del tratado constitutivo de la comunidad europea: la libertad de establecimiento y la de prestación de servicios a través de las fronteras. Para conseguirlo, la directiva pretende simplificar procedimientos, eliminar obstáculos a las actividades de servicios y promover tanto la confianza recíproca entre estados miembros como la confianza de los prestadores y los consumidores en el mercado interior.

¿Obstáculos inquebrantables?

La Comisión Europea ha denunciado que persisten las trabas al comercio transfronterizo de servicios dentro de la UE, pese a la entrada en vigor de la polémica directiva para liberalizar el sector. Por ello, ha anunciado una serie de actuaciones para impulsar el mercado único en este campo en 2012, entre ellas la supresión de los obstáculos fiscales a los servicios transfronterizos, establecer controles de eficacia desde el punto de vista del usuarios y vigilar que los Estados miembros apliquen de forma consciente la directiva de servicios.

Aunque los servicios representan dos tercios del empleo y el PIB de la UE, solo suma un quinto del comercio total dentro de la UE. La falta de dinamismo en el mercado interior de los servicios no sólo afecta a la capacidad de elegir de los consumidores, sino que también impide a las empresas pequeñas e innovadoras crecer, ampliar sus actividades y ser más competitivas. Actualmente, tan solo en torno al 8 % de las pymes europeas desarrolla su actividad en otros Estados miembros, según los datos de Bruselas. Un mercado único de servicios tendría unos beneficios de entre 60.000 y 140.000 millones de euros y favorecería un crecimiento del PIB adicional de entre el 0,6% y el 1,5%.

«Esta falta de dinamismo no solo va en detrimento de la capacidad de elegir de los consumidores, sino que también impide a las empresas pequeñas e innovadoras crecer, ampliar sus actividades y ser más competitivas», lamentó el Ejecutivo comunitario.

Un año después de que empezara a aplicarse la directiva, Bruselas considera que el potencial del mercado único de servicios no se está aprovechando aún completamente. «En la actual coyuntura de crisis, necesitamos aprovechar todo el potencial de crecimiento que representa un mercado interior de servicios integrado», ha dicho el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier.

La Comisión entablará un diálogo con los Estados miembros en los que se observen problemas relacionados con la aplicación de la Directiva y publicará su primer informe de situación antes de acabar 2011 y luego cada año. Además, la Comisión llevará a cabo en 2011 una primera evaluación económica de los efectos de la aplicación de la Directiva y de su repercusión en el funcionamiento de los mercados de servicios. En este contexto, sólo será posible lograr los objetivos de crecimiento sostenible marcados por la estrategia Europa 2020 si se da prioridad a reformas estructurales urgentes en los mercados de servicios y productos a fin de mejorar el entorno empresarial.