La UE insta a Túnez a que libere a las muchas personas que han sido detenidas desde que comenzaran las protestas contra el desempleo y la carestía de la vida el 17 de diciembre. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, pide también que se abra una investigación sobre los sucesos y que pare la brutalidad para sofocar las manifestaciones.

La intervención de la UE es importante ya que es el principal socio comercial de Túnez que depende del turismo y de la inversión europea. En estos momentos se están negociando términos comerciales preferenciales.

El presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali, ha calificado la revuelta de «actos terroristas imperdonables cometidos por bandas». Durante el fin de semana se registró una escalada de violencia cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes matando a 14 personas según han admitido las autoridades. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha calculado en 35 los muertos desde el comienzo de las manifestaciones, aunque el número podría ser mayor. Los partidos políticos han pedido al gobierno que prohiba a la policía que utilice balas reales. Aunque en realidad la oposición política es prácticamente inexistente.

Desde este martes se han cerrado de forma indefinida todas las escuelas y universidades y el presidente ha anunciado en una intervención televisada crear 300.000 empleos. La tasa de desempleo en Túnez es del 14%, pero el porcentaje de titulados de las universidades que no consiguen trabajo es el doble, lo que ha motivado una advertencia del Fondo Monetario Internacional.

Los disturbios estallaron el pasado 17 de diciembre cuando un joven de 26 años se quemó a lo bonzo en la localidad de Sidi Bouzid para denunciar los abusos administrativos de los que estaba siendo objeto después de que la policía le confiscara las frutas y verduras que vendía en las calle. Al parecer no ha sido el único.