Bruselas presenta la legislación del Plan Juncker

El Plan de inversiones estratégicas, conocido como Plan Juncker, que pretende movilizar 315.000 millones de euros, ya tiene un marco legal para poder llevarse a cabo. Así lo han anunciado hoy los comisarios de Empleo y Crecimiento,Jyrki Katainen, de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, y del Euro, Valdis Dombrovskis.

Jirki Katainen
Jirki Katainen, comisario de Asuntos Económicos/ Foto: CE

La propuesta legislativa para el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (conocido como EFSI, por sus siglas en inglés) se establecerá en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones, clave en el plan. La propuesta presentada hoy desvela los detalles legislativos, en los que se desplegará, por una parte: una plataforma asesora de inversión que ayude a la identificación, preparación y desarrollo en la UE. En segundo lugar, una cartera en la que se incluyan proyectos europeos de inversión, existentes y futuros, y que buscan financiación.

El vicepresidente Jyrki Katainen ha señalado que el EFSI apoyará proyectos con perfiles de alto riesgo, de forma que la inversión pueda crecer en países y sectores donde la creación de empleo y crecimiento sea más necesario. Katainen también ha insistido en la importancia de que los Estados miembros participen en el EFSI, aunque también estará abierta a terceras partes, como los bancos nacionales o las agencias públicas controladas por los Estados y también el sector privado. En la pasada reunión de jefes de Estado y de Gobierno, muchos países, entre ellos España, insistieron en ser cautos y prefirieron saber primero los detalles del plan antes de participar en el fondo.

Una de las dudas de los Estados se enmarca en qué manera pueda afectar la contribución al fondo en el Pacto de Estabilidad. Katainen ha asegurado hoy que las contribuciones de los países al EFSI no se contabilizarán cuando se analice el ajuste fiscal. Por otra parte, aquellos países que se beneficien de la 'cláusula de inversión', es decir, cuando los Estados cofinancien proyectos del EFSI, también tendrán un tratamiento favorable bajo el Pacto de Estabilidad. De este modo, si a un país se le dispara hasta un 0,5% más el déficit (el máximo está en el 3%) habrá flexibilidad. Pero Katainen ha avisado: flexibilidad no significa que las reformas estructurales y la responsabilidad presupuestaria se paralicen. Éstas deben continuar, independientemente de si el Estado cofinancie un proyecto. Sin reformas, no habrá tratamiento favorable, ha matizado.

¿Cómo y quién dirigirá el EFSI?

El plan tendrá un Consejo Directivo que decidirá sobre la orientación de las inversiones, los perfiles de riesgo y la asignación de los fondos. En él formarán parte el BEI, el Ejecutivo comunitario, los Estados y terceros que quieran formar parte. Los miembros y votos se asignarán en función de las contribuciones. Comisión Europea y el banco con sede en Luxemburgo tendrán derecho a veto.

Por otra parte, estará el Comité de Inversión, encargado de revisar los proyectos y decidir si recibirán financiación, al margen del país del que provengan. El grupo estará formado por seis expertos independientes y un director. Por el momento, la falta de información sobre proyectos existentes y futuros, es uno de los obstáculos con los que Bruselas quiere acabar. Por ello, la cartera se actualizará de forma regular para que los inversores puedan informarse y tomar sus decisiones. Según el Ejecutivo comunitario hay cerca de 2.000 proyectos potenciales por valor de 1,3 billones de euros, entre ellos las interconexiones energéticas, consideradas clave para España. Para que los inversores estén más seguros, habrá una garantía de 8.000 millones de euros, proveniente de los fondos europeos. El Ejecutivo espera que se convierta en aval suficiente para atraer crecimiento a la UE.

Los niveles de inversión en la UE han caído hasta un 15% de media, respecto a 2007, cuando empezó la crisis económica. La incertidumbre en el contexto económico ante una Europa de crecimiento débil y los altos niveles de endeudamiento público y privado han bloqueado las inversiones. El economista Paul de Grouwe en una reciente visita a Bruselas criticó el plan, por falta de ambición y considera que dejar en manos de la inversión privada los proyectos, y no de la pública, es una «restricción autoimpuesta sin sentido».